una huella verde sobre el petróleo

19/06/2009 § Deixe um comentário

>> publicado en brecha

A comienzos de 2007 los técnicos de la petrolera estatal Petroecuador comunicaron al gobierno el descubrimiento de un gran yacimiento en la Amazonia. Las estimaciones geológicas decían que bajo el Parque Nacional Yasuní, en un area limitada por los ríos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (itt), se escondían por lo menos 850 millones de barriles de crudo, 20 por ciento de la reserva hidrocarburífera conocida del país. Para muchos, su explotación aplazaría la crisis que puede abatirse sobre Ecuador cuando la extracción de crudo agote para siempre los yacimientos nacionales dentro de 20 ó 30 años. Tanto que los directivos de Petroecuador ya se estaban organizando para empezar las prospecciones, cuando fueron sorprendidos por la decisión de Rafael Correa: el presidente pretendía mantener el crudo en la tierra, y así preservar la selva.

La medida era parte de un plan que ahora, dos años después, está listo para ser negociado con los países industrializados. El gobierno no quiere conservar el Yasuní gratuitamente, aunque este rincón amazónico de un millón de hectáreas sea una de las reservas mundiales de la biosfera reconocidas por la unesco y abrigue en su interior alrededor de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, además de dos pueblos indígenas ­los tagaeri y taromenani­ en aislamiento voluntario.

Para no tocar la biodiversidad del Yasuní-itt, el gobierno ecuatoriano quiere una compensación financiera. Y lo dejó muy claro desde el comienzo. Cuando la propuesta todavía era una intención, el Ministerio de Energía y Minas dijo que la preservación del parque sería “considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo, recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.

Eso es básicamente lo que dice el proyecto actual. Las utilidades que el país recibiría por la explotación ­con el precio del barril cercano a los 54 dólares­ podrían alcanzar los 6 mil millones de dólares en unos diez años. Para mantener el Yasuní-itt como está, por tanto, el gobierno espera que la comunidad internacional entregue a Ecuador un mínimo anual de 300 millones de dólares por igual período.

Aunque algunas veces Rafael Correa se haya referido a la propuesta como un “sacrificio” a ser compartido entre Ecuador y la “comunidad internacional”, la iniciativa Yasuní-itt poco tiene que ver con filantropía.

Según los cálculos del proyecto, dejar el petróleo amazónico bajo tierra significa evitar la emisión de 410 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera, cantidad equivalente a todas las emisiones de gases de efecto invernadero realizadas por países como Brasil o Francia durante un año y medio. La intención del gobierno es negociar estas “emisiones evitadas” en el mercado internacional de carbono, conocido como Emission Trading System (ets), uno de los mecanismos establecidos por el Protocolo de Kyoto.

El ets prevé apoyo financiero a proyectos de desarrollo limpio en países del Tercer Mundo, pero aún no contempla iniciativas como la ecuatoriana, que se rehúsen a explotar reservas de petróleo, gas o carbón. El gobierno de Correa apunta a que la iniciativa Yasuní-itt sea percibida como un plan piloto que pueda ser incluido en la rueda financiera del combate a los combustibles fósiles. La estrategia podría ser luego adoptada por otros países subdesarrollados que deseen proteger su biodiversidad manteniendo el crudo bajo tierra.

Si es así, los derechos de emisión adquiridos por Ecuador al no prospectar los yacimientos amazónicos podrán ser negociados con los gobiernos de los países industrializados, los cuales subastarían las cuotas de dióxido de carbono entre las empresas que necesiten ajustar sus niveles de contaminación respecto al Protocolo de Kyoto. Con ello, el país cumpliría con sus necesidades presupuestarias, el parque estaría a salvo de la actividad petrolera y la producción industrial de las naciones más ricas respiraría aliviada.

No en vano uno de los mayores entusiastas de la propuesta ecuatoriana ha sido Alemania. De hecho, algunos estudios cruciales para la elaboración del proyecto no podrían haber sido realizados sin la contribución financiera del gobierno alemán. Otros países que han demostrado interés en la iniciativa fueron Inglaterra, España, Italia y Noruega.

Si hay éxito, el gobierno ya tiene planes para el dinero que va a llegar. Según Carlos Larrea, asesor técnico de la iniciativa, el capital obtenido con la venta de los “certificados de garantía Yasuní” no vendrá directamente al país. “El fondo va a formar parte de un fideicomiso internacional, que estará administrado por los países que van a contribuir con la iniciativa”, dijo. El compromiso de este fideicomiso será administrar el dinero y velar para que sea adecuadamente invertido en los tres objetivos principales del proyecto. “La idea no es solamente conservar el Parque Yasuní, sino ejecutar un plan en el cual todas las áreas protegidas de Ecuador pasen a un estado de conservación adecuado, con programas de deforestación evitada y reforestación. Otro objetivo es el desarrollo social de las regiones de influencia del proyecto, lo que va a evitar que la gente comience a destruir la selva para sobrevivir”, explica Larrea.

Revolucionario

Sin embargo, el principal reto de la iniciativa es catalizar un cambio en la oferta y demanda energética en Ecuador. “Vamos a invertir en el desarrollo de la hidroelectricidad, la energía geotérmica, eólica y solar”, cuenta el asesor. La intención es que el país poco a poco vaya reduciendo su dependencia del petróleo.

Es aquí donde descansa el carácter revolucionario del proyecto, según el economista Alberto Acosta. “Una decisión de esta naturaleza obliga a Ecuador a pensar muy seriamente en una economía pospetrolera, porque estaría dejando en el subsuelo casi la cuarta parte de sus reservas”, explica el ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Energía y Minas.

“Hay que acelerar el paso hacia una economía que no dependa tanto del petróleo. Eso nos invita a una diversificación de la producción, de las exportaciones, del suministro energético, aprovechando otras fuentes renovables y sustentables; nos invita incluso a tener otro estilo de vida. No sólo es una buena puerta para reducir el calentamiento global sino que nos obliga a tener otra percepción y aproximación hacia la naturaleza misma.”

Pero es esta “otra relación” con la naturaleza la que no está clara en la idea del gobierno de Rafael Correa. El presidente acaba de ratificar la iniciativa Yasuní-itt, es verdad, pero en los dos años transcurridos desde el primer anuncio de que se iba a preservar a la selva hasta la aprobación de una propuesta concreta, hubo lo que Acosta llama “una continua y permanente ambigüedad”. Por ejemplo, el presidente defendió el embargo petrolero en reiteradas ocasiones frente a la Unasur, las Naciones Unidas, la opep y en el Foro Social Mundial.

“Sin embargo, en un ejercicio que raya con la esquizofrenia, cada uno de los pasos dados en la dirección de salvar el Yasuní ha estado acompañado de otras señales de igual fuerza en apoyo a la opción petrolera”, subraya Esperanza Martínez, de la asociación Acción Ecológica. Entre las demostraciones de Rafael Correa a favor de explotar el crudo del itt, la ecologista destaca la firma de un memorando de entendimiento con petroleras estatales de Brasil, Chile y China, la licencia ambiental otorgada a Petrobras para entrar en un bloque amazónico vecino al itt y los anuncios de que ya se iniciarían las actividades de exploración en el Yasuní.

Contradicciones

También otras medidas del presidente fueron en contra de la iniciativa. Quizás la más contundente de ellas haya sido la aprobación de la ley de minería en enero pasado. El texto inaugura en Ecuador la posibilidad de la extracción mineral a gran escala y a cielo abierto, manejada por empresas trasnacionales.

La ley enfrentó alguna resistencia de la sociedad civil, mas acabó pasando por el congreso sin grandes dificultades y con total respaldo del gobierno, aunque suponga la deforestación de grandes superficies en territorios como la Cordillera del Cóndor, tan ricos en biodiversidad como el Yasuní, y que también albergan pueblos indígenas.

“Esas son algunas de las contradicciones que hay, porque este gobierno sigue creyendo en la economía extractivista. Todavía seguimos pensando que el desarrollo es crecimiento económico y que este crecimiento se logra exportando recursos naturales”, dice Alberto Acosta. “Los países de la llamada izquierda latinoamericana no han abierto la puerta para discutir el tema, no están pensando en un cambio de modelo económico o de régimen de acumulación. Aún vivimos dentro de la lógica de un desarrollismo senil.”

Quizás también por ello el gobierno ecuatoriano haya optado por someter la preservación del Yasuní-itt al mercado de carbono, que a su vez está vinculado al mercado financiero. Lo que puede parecer una gran idea en el seno del sistema para evitar la deforestación, para algunos es la peor de las alternativas para buscar compensación financiera. “El mercado de créditos de emisiones es un sistema de comercio que se ha convertido en una burbuja similar a la que motiva a la actual crisis económica”, describe Esperanza Martínez. “Por lo demás, este modelo resulta una farsa. Se renuncia a la justicia, se premia a quien más contamine y se permite que siga contaminando. Se trata de un negocio sucio, pues en el mercado no rigen normas de solidaridad ni de responsabilidad.”

Acosta argumenta por la misma senda. Para él, no hay que pensar sólo en el mercado de carbono, una vez que hay una serie de otras alternativas. Una de ellas sería el canje de deuda por certificados de preservación. “Ecuador no pagaría su deuda externa bilateral con los países del Club de París, y con esos recursos se financiaría el fondo del itt. Si alguna vez algún gobierno resuelve extraer el petróleo, vuelve a entrar en vigencia la deuda que quedó suspensa. Esa podría ser una garantía para quienes financien el proyecto.”

De todas formas, todos concuerdan en que la preservación del Yasuní-itt es un logro tan grande como el hecho de que un gobierno haya aceptado no explotar un yacimiento petrolífero rentable. También se reconoce el apoyo político dado por Correa desde el inicio, a pesar de que sus preocupaciones ambientales no sean tan fuertes en otros sectores. Aunque el escenario esté plagado de contradicciones, nadie parece querer repetir la tragedia socioambiental provocada por la empresa estadounidense Chevron-Texaco en el norte de la Amazonia ecuatoriana. Entre 1964 y 1992 la compañía construyó piscinas de crudo a cielo abierto y derramó tantos residuos tóxicos en la naturaleza que hasta hoy el pueblo sufre los reflejos de la contaminación. Eso para no hablar de los casos de cáncer y de los dos pueblos indígenas ­tetetes y sansahuaris­ que desaparecieron debido a la actividad petrolera.

“Todavía no tenemos un modelo alternativo”, se lamenta Esperanza Martínez. “Lo que nos queda es frenar los límites del desarrollo actual hasta que haya otro modelo. En este sentido, salvar el Yasuní es una conquista impresionante.” –tadeu breda (cc)

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