los dilemas de una constitución posmaterialista

23/10/2009 § 1 comentário

El gobierno no puede dejar de explotar las riquezas minerales del país si quiere dar condiciones de vida dignas a la población, sostiene el responsable del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ecuatoriano. Ramírez reconoce que los movimientos sociales tienen razón cuando exigen que se abandone el modelo extractivista, tal como lo determina la avanzada Constitución nacional, pero dice que eso no se puede hacer de la noche a la mañana.

Desde enero pasado, cuando se aprobó una nueva ley de minería, el presidente Rafael Correa enfrenta la oposición de sectores de la izquierda que hasta entonces eran sus más fuertes aliados políticos (véase Brecha, 9-X-09). Entre ellos están el movimiento indígena, los ecologistas y una parte del campesinado, además de grupos urbanos que han absorbido los valores de la filosofía ancestral.

En líneas generales, la legislación minera abre las puertas a la extracción de oro, plata y cobre a gran escala. Eso quiere decir minas a cielo abierto, que a su vez significan la tala de grandes extensiones de selva.

En setiembre, tras la aprobación de otra ley, la de aguas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió organizar un nuevo levantamiento. Fue la primera vez que la Conaie se movilizó con fuerza contra las políticas de Correa. Ya antes, en abril, a raíz de la ley minera la confederación no había respaldado la reelección del presidente, al considerar que estaba violentando los tres principios básicos (derechos de la naturaleza, plurinacionalidad y buen vivir) de la Constitución que el propio Ejecutivo había impulsado.

El gobierno de la revolución ciudadana se debate entre asegurar el cumplimiento de una de las constituciones más avanzadas de América Latina, sobre todo en materia ambiental, y el imperativo de generar crecimiento económico para combatir la pobreza y dar mejores condiciones de vida a los ecuatorianos.

René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, dice en esta entrevista que un cambio de modelo de desarrollo no se hace en un abrir y cerrar de ojos, y que tiene costos. La Constitución y los movimientos sociales, conducidos por los indígenas, exigen un cambio efectivo, pero las condiciones económicas del país, justifica Ramírez, impiden una transformación radical en este momento.

—¿En qué consiste este Plan Nacional de Desarrollo?

—Tiene características que lo hacen diferente de otros. El anterior, el del presidente Sixto Durán Ballén, apuntaba al desmontaje del Estado y la articulación del libre comercio. El actual está muy imbricado con el programa de gobierno, además de haber sido uno de los insumos básicos para la Constitución. Entre el pnd, el plan de gobierno y la Constitución debe haber mucha coherencia de principios, políticas y lineamientos.

Como parte de la actualización del pnd, tenemos tres innovaciones importantes. Una es la estrategia de desarrollo de largo plazo, de ahora a 2025; la segunda es llevar la acción a los territorios, principalmente la acción pública y de inversión; la tercera es que lo ligamos al presupuesto plurianual para poner por delante la planificación.

—¿Cuál es la ideología que informa al pnd?

—El presidente Rafael Correa ha denominado esta ideología como la del socialismo del siglo xxi. El principal objetivo del pnd tiene que ver con la igualdad. Antes teníamos un debate entre eficiencia y redistribución. Nosotros ponemos el énfasis en la redistribución. Podemos hablar de cinco justicias: la socioeconómica; la política, participativa o democrática; la trasnacional; la intergeneracional y la justicia como imparcialidad. Eso resume cuáles son las perspectivas del gobierno, donde el tema ambiental es muy importante, así como el tema de la construcción de otra democracia, no únicamente representativa, sino mucho más participativa.

—¿El pnd tiene como objetivo cambiar el modelo de desarrollo del país?

—Correcto. Cuando decimos “modelo económico” nos referimos a la forma de acumulación y redistribución del desarrollo. Prácticamente en toda su vida republicana Ecuador ha sido un país primario-exportador de monocultivos: banano, café, cacao y camarón. Después descubrimos el petróleo. Queremos construir otra forma de generación de riqueza, en la cual es importante saber cómo se la distribuye y redistribuye. Ahí radica el cambio.

Aspiramos a una sociedad que podríamos sintetizar como una “biópolis ecoturística”. Una de las principales ventajas comparativas del país es la biodiversidad: en un espacio chiquito tenemos una biodiversidad que no está siendo aprovechada porque con ella no se está generando valor agregado. A través de incentivos a la industria nacional pretendemos ligar la biodiversidad a estas industrias, sobre todo a la producción de conocimiento en el área de lo bio, para que a largo plazo podamos convertirnos en un país terciario-exportador.

En estos cuatro años no vamos a dejar de ser un país primario-exportador. Sería demagógico decirlo. Pero sí vamos a construir el aparataje que permita canalizar en el mediano plazo la construcción de otro modelo económico. Y aquí es importante señalar un tema que está en la Constitución: salir de la economía de mercado hacia la construcción de la economía social y solidaria. Eso pasa fundamentalmente por un tema redistributivo, sobre todo en lo que refiere al proceso radical de democratización de los medios de producción, no únicamente en el campo agrícola. En los próximos cuatro años vamos a apostar a la construcción de una economía que tenga principios totalmente diferentes a los de acumulación, egoísmo y envidia.

A ese primer momento le hemos llamado de “sustitución selectiva de importaciones”, ligado a un fuerte proceso de transformación de la educación superior y transferencia de ciencia y tecnología. La dolarización de 1999 hizo que Ecuador perdiera gran parte de su industria y que ahora seamos consumidores de bienes importados. Tenemos que ir hacia un proceso que busque la protección del empleo, pero no sin articulación con el futuro.
Debemos tener industrias que generen valor agregado. Hemos articulado principalmente con siete industrias que nos permitirían hacer una sustitución, en el mediano plazo, de un 42 por ciento de los bienes importados, en la petroquímica, la industria farmacéutica a través de los genéricos, la industria metalmecánica, del hardware, del software, de los servicios ambientales. Son sectores que en este momento nos permitirían construir una industria nacional, y el Estado va a apostar fuertemente por ellos. Algunas industrias serán públicas, otras binacionales y otras completamente privadas. Queremos dar un salto cualitativo y salir del modelo primario-exportador y extractivista.

—¿Qué papel juega la minería en este nuevo pnd?

—No podemos dejar de ser un país primario-exportador de la noche a la mañana. El objetivo de la nueva estrategia es construir un desarrollo endógeno con inserción en el sistema mundial. Lo fundamental es satisfacer las necesidades básicas del pueblo: salud, educación, vivienda, vestido y trabajo, principalmente. Frente a eso, creemos que la minería juega un papel muy importante. Si es que se hace de una manera ordenada y territorializada –y por eso la planificación–, podemos decir: en zonas altamente sensibles en biodiversidad, hagamos el pacto intergeneracional de no tocarlas. Pero en otras donde es viable hacer la explotación, dado que necesitamos recursos, debemos contar con lo que tenemos en este momento: la agricultura, el petróleo y las minas. Esto se dará de manera transitoria. La minería va a estar colocada principalmente en el sur del país. En las otras regiones no va a existir o va a ser completamente marginal.

Es necesario un pacto. Somos un país pobre. No podemos darnos el lujo de tener riqueza debajo del suelo y a la vez altos niveles de desnutrición y analfabetismo. La minería jugaría, por tanto, un papel intermedio.

—En esta etapa transitoria, ¿cómo adecuar el buen vivir a la continuidad de las políticas extractivistas y la necesidad de desarrollo?

—Primero hay que ver cuál es la definición de buen vivir. Planteamos que el buen vivir pasa, por ejemplo, por la educación. Y el que me diga que no pasa por las cuestiones más básicas, como cambiar el perfil epidemiológico, tampoco está entendiendo qué es.

Lo más básico del buen vivir es tener las condiciones adecuadas de infraestructura, de saneamiento básico, alcantarillado, vivienda, agua potable… Son cuestiones que aún no hemos superado. Entonces, el buen vivir no pasa por extractivismo sí o extractivismo no. Es una falsa dicotomía. El 56 por ciento de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, y el gran problema es que la Constitución, a la vez que es nuestra hoja de ruta, es una Constitución vanguardista y posmaterialista anclada en una realidad que aún no existe. Hay una brecha entre la Constitución y lo que realmente es Ecuador. Entonces, tenemos que moldear la base social que permita construir la sociedad expresada en el pacto de convivencia que llamamos Constitución, pero para eso debemos empezar con lo más mínimo, para luego ir hacia estas cuestiones de la perspectiva posmaterial.

Tú puedes seguir con un modelo extractivista e ir construyendo paulatinamente un modelo que permita salir de ahí. Si no lo hacemos así, la consecución del buen vivir no será viable.

—¿Cómo definiría el modelo de desarrollo que busca el gobierno?

—Es un modelo de desarrollo endógeno. La articulación con el sistema-mundo la vemos desde una perspectiva de cooperación, con una inserción geopolítica inteligente y una integración latinoamericana muy fuerte, pero con un objetivo principal: es un desarrollo para la satisfacción de las necesidades básicas.

—¿Podemos decir entonces que en este momento el gobierno privilegia la satisfacción de las necesidades básicas de la población y no la preservación de la naturaleza?

—El gobierno está apostando a las necesidades básicas, y en ciertos espacios también a la conservación de la naturaleza, aunque no en todos los espacios. La cantidad de puntos de concesiones que ha habido en Ecuador es enorme, y lo hemos revertido. Nosotros teníamos ya por mandato que el ITT* sería explotado hasta este año, pero como se están abriendo puertas, seguimos manteniendo el crudo en tierra. Entonces, se está haciendo un ejercicio doble con una cuestión ética súper complicada. Estamos perdiendo recursos que serían revertidos a personas que están en el espacio de la sobrevivencia. ¿De dónde saco los recursos mientras tanto? ¿De la deuda externa, con el problema de liquidez que existe hoy a nivel mundial? Tenemos que ver cuál será esta forma de acumulación en el mediano y largo plazo. Si construimos esta industria nacional, lo más seguro es que no vamos a necesitar explotar ni siquiera nuevos pozos de petróleo.

Por eso decimos que la estrategia de desarrollo tiene tres fases: la sustitución selectiva de exportaciones; la diversificación de exportaciones; y la tercera, que tiene que ver con la sustitución de exportaciones y la reconversión de la economía. A largo plazo apostamos a que se dé una sustitución de las exportaciones, pero ahora es imposible, no podemos ser utópicos y decir que vamos a dejar de ser un país agrícola. Nuestro proyecto se caería al año siguiente.

—¿Cuál es el Ecuador que el pnd apunta a construir hacia 2025?

—Es una sociedad en la que, como primer punto, las necesidades estén satisfechas. Por otro lado, es la construcción de una economía que sea sostenible en el tiempo, una sociedad que permita el reconocimiento de la plurinacionalidad. En un cuarto punto, sería una sociedad democrática en términos políticos, económicos y sociales. También pensamos en una sociedad mucho más igualitaria, en la cual las distancias sociales no sean indignas, como lo son hoy. Si me preguntas entre necesidad, ambiente y desigualdad, en este momento la apuesta va a ser por un modelo que sea sostenible, pero que sobre todo busque la satisfacción de las necesidades disminuyendo las distancias sociales.

Por eso es un gran problema tener una propuesta posmaterial, cuando realmente la sociedad ecuatoriana está anclada en valores que no son los del socialismo del siglo XXI o de la Constitución. Si no cambiamos esta cultura, no transformamos esta economía y estos valores, la construcción de una sociedad basada en la solidaridad, la reciprocidad, el reconocimiento y la igualdad va a ser inviable.

* El gobierno de Correa propuso en 2007 a la “comunidad internacional” no explotar el petróleo existente en el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, a cambio de compensaciones. El dinero recibido sería reinvertido en reforestación, promoción de energía renovable y ayuda social. –tadeu breda (cc)

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