¿vuelve la derecha a chile?

26/11/2009 § 1 comentário

En las últimas dos décadas la derecha chilena estuvo alejada de la presidencia, aunque no exactamente del poder. Ahora, en la figura de Sebastián Piñera, puede volver al gobierno, en lo que sería el primer revés electoral de la Concertación desde la caída de Pinochet.

Hace ya tiempo que la derecha chilena no sabe qué es gobernar. El último conservador en ocupar el Palacio de La Moneda fue Augusto Pinochet, cuya dictadura fue responsable de al menos 2.200 muertos, 1.200 desaparecidos y una larga lista de violaciones de los derechos humanos. Cuando finalmente la pesadilla terminó, en 1988, tras un referendum en el que los chilenos votaron por el fin o la continuidad del régimen, los principales partidos de centro e izquierdas decidieron unir fuerzas.

Desde entonces, la coalición ha vencido en todas las elecciones presidenciales realizadas en el país. Michelle Bachelet es la cuarta integrante de la Concertación en la presidencia de Chile. Además de ser la primera mujer en ocupar el cargo, la presidenta socialista también sostiene el mayor nivel de aprobación popular de la historia: 80% de los ciudadanos apoyan su gestión. A pesar de ello, Bachelet tendrá que dejar el puesto en marzo del 2010, porque en el país no se permite la reelección. Sin un candidato fuerte para sustituir el carisma de la mandataria, la Concertación enfrenta serios riesgos de perder su hegemonía electoral y abrir paso al regreso de la derecha al poder.

El nombre que intentará mantener la invencibilidad de la coalición en el Palacio de La Moneda ya se sentó en la silla presidencial una vez. El democristiano Eduardo Frei, que gobernó entre el 1994 y el 2000, renació como opción, pero no como favorito. El Centro de Estudios Públicos (CEP), órgano que viene prediciendo con exactitud todos los resultados electorales de Chile desde la caída de Pinochet, señala al ex mandatario como el segundo colocado en la carrera por la presidencia. Los comicios se realizan en próximo 13 de diciembre y Frei tiene solamente el 26% de las intenciones de voto.

“Frei hasta ahora no ha logrado entusiasmar al electorado porque los partidos de la Concertación no han ideado fórmulas nuevas para gobernar”, explica Loreto Correa, analista del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. “Tampoco se han mostrado en estos cuatro años capaces de solucionar los tres temas de opinión pública más importantes del país en este momento: la deuda histórica con los profesores de la educación pública, el conflicto en el sector de la salud y la debilidad de los propios partidos de centro-izquierda gracias a la rivalidad interna de sus líderes”.

Para Loreto Correa, escoger a Eduardo Frei como candidato fue un acto “forzado” de la Concertación. De hecho, ésta fue la primera vez desde la victoria del socialista Ricardo Lagos, en 2000, que los caciques concertacionistas prefirieron no realizar previas. Esta concentración de poderes ha desgastado la alianza y acabó jugando en contra de la imagen de Frei, que, según la analista, ya no tiene el liderazgo que tenía cuando fue candidato por primera vez.

“Su gobierno no fue tan bien visto como la gestión de Lagos o Bachelet. Se lo ve como un presidente que lo hizo bien, pero que podría haberlo hecho infinitamente mejor. Se le ve como un hombre viejo y desgastado, sin propuestas nuevas y con un equipo que no tiene nada nuevo que ofrecer”, opina Correa. “Ésa es la ventaja que explota la derecha y también Marco Enríquez-Ominami”.

Aire Fresco

El candidato Marco Enríquez-Ominami, de 36 años, vivió en Francia, estudió filosofía y se ha destacado en el mundo de las artes chilenas como documentalista y director de cine. Está casado con una famosa periodista de la televisión y hace poco fue electo diputado por la Concertación. Prefirió, sin embargo, romper con el Partido Socialista (PS), una de las principales organizaciones de la coalición, cuando ésta eligió a Frei –y no a él– para disputar a la presidencia.

Ominami, entonces, se lanzó como candidato independiente. Logró juntar las 36.000 firmas que necesitaba para postularse oficialmente junto a la autoridad electoral, invirtió en marketing y utilizó las nuevas tecnologías de internet –Twitter, YouTube y Facebook– para diseminar sus ideas sin gastar dinero. El resultado, que no deja de ser sorprendente, es una intención de voto del 19%.

“La candidatura de Enríquez-Ominami es una crítica al sistema partidario y a la distribución de poder en el interior de las élites. También captura el desencanto de la sociedad por los partidos políticos. Basta con decir que 4 millones de individuos en edad de votar, en un universo de 11 millones, no están inscritos para estas elecciones”, argumenta Guillermo Holzmann, politólogo de la Universidad de Chile.

Sin embargo, el próximo presidente, de acuerdo con las encuestas del CEP, no vendrá ni los sectores independientes de Ominami, ni de los más experimentados de Frei, sino de la derecha de Sebastián Piñera. El candidato de Renovación Nacional (RN) es un gran empresario, principal accionista de LAN Chile, la mayor compañía aérea del país. Tiene también una posición política muy clara, que viene siendo demarcada desde la derrota en comicios pasados frente a Michelle Bachelet. No en vano lidera los sondeos. Ominami fue obligado a romper con la Concertación para convertirse en una opción electoral. Frei tuvo que asumir recién en 2009 las consecuencias de la indecisión de la alianza. Piñera, en cambio, lleva más de cuatro años haciendo campaña y mostrándose como candidato.

“Su propuesta es el cambio en el estilo de Gobierno. Piñera suscribe todo lo realizado hasta ahora, incluyendo las políticas públicas orientadas a superar la pobreza y mantener la protección social. Sus propuestas tienen que ver con la eficiencia, básicamente. No propone privatizaciones, pero sí un rol más activo del sector privado, incentivando las inversiones”, analiza Holzmann. “En lo fundamental, los tres candidatos principales adhieren a un modelo de base liberal, donde Frei apuesta a la continuidad del gobierno de Bachelet, Enríquez-Ominami se plantea con un discurso de crítica a la distribución de poder y Piñera propone la alternancia y el cambio como fundamentos de un mejor gobierno y un estilo distinto.”

Es consenso entre la opinión pública chilena, por lo tanto, que habrá una segunda vuelta. Y si las encuestas están correctas, lo que decidirá el embate electoral es la transferencia de votos del comunista Jorge Arrate para el futuro adversario de Piñera. En cuarto lugar en los sondeos, Arrate cuenta con el apoyo de cerca de 5% del electorado. Es ideológicamente improbable que el elector de Arrate vote a Piñera a la hora de la verdad. Hay una posibilidad, sin embargo, de que la opción comunista acabe llenando las urnas de Frei o, más probablemente, de Enríquez-Ominami, debido al hastío acumulado hacia la Concertación.

El candidato independiente tiene a su lado la novedad de su figura política. Es hijo de Miguel Enríquez, el mítico líder del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), asesinado por agentes de la policía secreta pinochetista en los primeros años de la dictadura. Carlos Ominami, su padre adoptivo, es un viejo cuadro del PS, ex ministro de Economía y senador. Su madre, Manuela Gumucio, periodista y socióloga, es una militante política bastante conocida en el país.

Además de su herencia, algunos de los puntos de la agenda del candidato también agradan a la izquierda. Enríquez-Ominami se muestra favorable a la unión civil entre homosexuales, promete debatir con seriedad la legalización de la marihuana y no es contrario a la despenalización del aborto. Genera desconfianza, empero, cuando defiende la privatización de algunos sectores del aparato estatal que, para él, en manos privadas podrían ganar más eficiencia. Uno de los blancos del discurso de Marco es la Compañía del Cobre (Codelco), nacionalizada durante el gobierno de Salvador Allende. La empresa hace de Chile el mayor exportador del mineral en el mundo, pero, según Ominami, su utilización política ha hecho que perdiera oportunidades de incrementar su competitividad.

Causa olvidada

Una de las cuestiones más candentes en la sociedad chilena, sin embargo, es el conflicto indígena en el sur del país. Los mapuches históricamente reivindican un acceso más amplio a la tierra que un día fue suya. En la lengua hablada por los pueblos ancestrales de Chile, la palabra mapuche significa “gente de la tierra”, algo de lo que carecen sus descendientes y que reclaman insistentemente.

De los 15 millones de habitantes que viven en el país, 600.000 (el 4% de la población) tienen origen indígena. Los mapuches, sin embargo, están concentrados sobre todo en la Araucanía, una de las regiones más ricas y más pobres de Chile: la provincia dispone de abundantes recursos minerales, hídricos y forestales, pero a la vez carece de servicios sociales y se encuentra en la cola del desarrollo humano.

“Cuando se formó el Estado, en 1818, los mapuches se quedaron al margen y fueron excluidos del sistema republicano”, explica Loreto Correa, de la Universidad de Santiago. “Paulatinamente, a lo largo del siglo XIX, se les fue quitando las tierras y anulando como cultura, hasta el punto de que Chile hasta muy poco tiempo ni siquiera los reconocía como pueblo”. Por eso, no será coincidencia que también en la Araucanía se observen los peores índices nacionales de alcoholismo, desempleo, analfabetismo e inversiones, sean públicas o privadas.

Hoy día, además de las tierras que les fueron robadas, los mapuches exigen autonomía política ante el Estado. Y son intransigentes en estas demandas.

Las relaciones entre el Gobierno y las comunidades mapuches jamás llegaron a buen término, pero la situación se tensó todavía tras la muerte de Jaime Facundo Mendoza, un nativo de 24 años alcanzado por un disparo de los carabineros durante una manifestación. Fue el tercer asesinato de un militante mapuche desde 2002. Antes de ello, en agosto, la presidenta Michelle Bachelet ya había dado su contribución para agravar el conflicto cuando se negó a recibir a una delegación mapuche que marchó a Santiago para dialogar sobre la devolución de propiedades agrícolas.

Desde 1993, el Estado chileno ya le concedió a los indígenas alrededor de 600.000 hectáreas de tierra. Bachelet, a su vez, promete terminar su mandato cumpliendo con la promesa de entregarles 33.000 hectáreas más a las comunidades.

Recientemente, sin embargo, su gobierno anunció un plan de seguridad “para combatir a los atentados indígenas”. El proyecto prevé la instalación de cámaras de vigilancia en las carreteras que registran más acciones de militantes mapuches. Con el agravamiento de la crisis, el Gobierno también ha movilizado más carabineros para las regiones conflictivas y ha militarizado las zonas conflictivas.

Los indígenas chilenos se consideraron blanco de una campaña permanente de criminalización por parte del Estado. Para ellos, la situación no parece muy distinta con respecto a los años de la dictadura de Pinochet. Mientras tanto, la situación se radicaliza. El pasado octubre, activistas mapuches quemaron dos camiones de una empresa forestal instalada en la Araucanía. Y el mismo mes la Coordinadora Arauco-Malleco, renegó la ciudadanía chilena y declaró guerra al Estado.

El gobierno responde a los ataques con una dureza que para muchos excede lo razonable. Muchos mapuches han sido detenidos bajo una Ley Antiterrorista que viene de 1984 y que, por lo tanto, es uno de los pocos artificios legales de la dictadura que todavía no fueron proscritos en Chile. La legislación reduce los derechos civiles, autoriza penas más duras y viene siendo aplicada contra el pueblo mapuche desde que fue creada. La UNESCO y Human’s Right Watch ya se pronunciaron en contra del Estado chileno por lo que consideran abusos contra los derechos humanos y de los niños cometidos por los carabineros en la Araucanía.

“Ésa es la gran deuda histórica de Chile, que ni la Concertación ni Bachelet fueron capaces de resolver y que tal vez el próximo gobierno, independiente de quien salga vencedor de las elecciones, tampoco lo resolverá”, cree Loreto Correa. Quizás porque, puntúa Guillermo Holzmann, “los candidatos han evitado referirse directamente a la cuestión mapuche durante la campaña, mostrando que ese será un tema inevitable para los cuatro años que vendrán”. –tadeu breda (cc)

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