índios contra belo monte

27/04/2010 § Deixe um comentário

Aldeia Piaraçu, 26 de abril de 2010

Nós lideranças e guerreiros estamos aqui em nosso movimento e vamos continuar com a paralisação da balsa pela travessia do rio xingu. Enquanto Luiz Inacio Lula da Silva insistir de construir a barragem de Belo Monte nós vamos continuar aqui. Nós ficamos com raiva de ouvir Lula falar que vai construir Belo Monte de qualquer jeito, nem que seja pela força!!!

Agora Nós indios e o povo que votamos em Lula estamos sabendo quem essa pessoa. Nós não somos bandidos, nós não somos traficantes para sermos tratados assim, o que nós queremos é a não construção da barragem de Belo Monte. Aqui nós não temos armas para enfrentar a força, se Lula fizer isso ele quer acabar com nós como vem demonstrando, mas o mundo inteiro vai poder saber que nós podemos morrer, mas lutando pelo nosso direito.

Estamos diante de um Governo que cada dia que passa se demonstram contra nós indios. Lula tem demonstrado ser  inmingo número um dos indios e Marcio Meira o atual Presidente da Funai tem demostrado a ser segunda pessoa no Brasil contra os indios, pois, a Funai não  tem tratado mais assuntos indigenas, não demarcação de terra indigena mais, não tem fiscalização  de terra indigena mais, não tem aviventação em terra indigena.

Os nossos líderes indigenas  são empedido de entrarem dentro do predio da funai em Brasilia pela força nacional. O que esta acontecendo com nós indios é um fato de grande abandono, pois, nós indios que somos os primeiros habitantes deste pais estamos sendo  esquecidos pelo Governo  de Lula que quer a nossa destruição, é esta aconclusão que chegamos.

Lider indigena Megaron Txukarramãe

acuerdo de los pueblos

23/04/2010 § Deixe um comentário

Segue abaixo a declaração final da CMPCC, realizada na Bolívia, cutucando as feridas abertas do aquecimento global e do sistema econômico. É grande, mas vale a pena ler. Resume as principais bandeiras do movimento ambientalista mundial e sobretudo latinoamericano.

Cochabamba, 22 de abril del 2010

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague”, existe el 50%  de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la  elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo  una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos.  Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.

Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.

Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:

  • armonía y equilibrio entre todos y con todo;
  • complementariedad, solidaridad, y equidad;
  • bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra;
  • respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos;
  • reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene;
  • eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo; y
  • paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.

El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.

En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.

Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:

  • Derecho a la vida y a existir;
  • Derecho a ser respetada;
  • Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
  • Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
  • Derecho al agua como fuente de vida;
  • Derecho al aire limpio;
  • Derecho a la salud integral;
  • Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
  • Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable;
  • Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.

Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.

La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:

  • Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones;
  • Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido;
  • Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países;
  • Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones;
  • Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto, único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que, no obstante estar obligados legalmente, las emisiones de los países desarrollados, en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.

Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos  así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.

Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.

Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.

Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.

Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.

Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.

El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.

En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.

Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.

El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.

La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.

Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.

Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.

Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.

Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.

El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.

Con el  fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.

Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.

Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México. (cc)

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

22 de Abril Cochabamba, Bolivia

ACUERDO DE LOS PUEBLOS

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50%  de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la  elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo  una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos.  Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.

Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.

Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:

· armonía y equilibrio entre todos y con todo

· complementariedad, solidaridad, y equidad

· bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra

· respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos

· reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene

· eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo

· paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.

El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios  para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.

En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.

Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:

· Derecho a la vida y a existir;

· Derecho a ser respetada;

· Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;

· Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;

· Derecho al agua como fuente de vida;

· Derecho al aire limpio;

· Derecho a la salud integral;

· Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;

· Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.

· Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.

Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.

La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático,  asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:

  • Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción  de sus emisiones.

  • Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.

  • Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.

  • Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender  los daños que surgen de sus excesivas emisiones.

  • Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados  ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado  en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.

Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos  provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados.  Bajo este Fondo se debe  valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos  así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.

Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos  la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.

Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.

Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.

Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.

Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.

El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.

En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.

Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.

El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.

La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.

Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.

Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.

Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.

Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.

El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.

Con el  fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.

Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.

Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.

inativos hoje, radioativos amanhã?

20/04/2010 § Deixe um comentário

Começou em Cochabamba, na Bolívia, a Conferência Mundial dos Povos sobre Mudança Climática e os Direitos da Mãe Terra — CMPCC, na sigla em castelhano. O evento foi convocado pelo presidente Evo Morales poucas semanas após o fracasso da COP-15, em Copenhague, que reuniu os líderes do mundo inteiro mas não chegou a nenhum acordo sobre o combate ao aquecimento global.

Poucos chefes de estado ou governo, porém, assistirão à CMPCC. O presidente boliviano deve receber a vista apenas de seus maiores aliados estratégicos regionais: Hugo Chávez, Rafael Correa, Fernando Lugo e Daniel Ortega. Todos eles integram a Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA), tiveram uma atuação semelhante durante a cúpula da Dinamarca e defendem que nenhuma política para mitigar o aquecimento global será efetiva dentro do capitalismo. Porque, ora bolas, é o próprio sistema que vem destruindo a natureza.

Alguns jornais chamaram a CMPCC de “Woodstock climático”. Eu prefiro fazer um paralelo com o Fórum Social Mundial, que surgiu para contrapor o discurso hegemônico do Fórum Econômico Mundial. Podemos dizer que as Conferências das Partes (COP) promovidas pelas Nações Unidas para discutir a mudança climática é como se fosse uma “Davos ambiental”, enquanto a nova CMPCC é muito mais Porto Alegre.

Na COP se reúnem empresários, lobistas e chefes de estado, que podem até impulsionar acordos para preservar a natureza, mas sempre acabam esbarrando em interesses políticos e econômicos que falam mais alto. Na CMPCC estarão presentes ongs e ativistas — e alguns presidentes, além de representantes de governo — que propõem e defender uma mudança de postura no que diz respeito à catástrofe climática. E já, pra ontem, porque o planeta não pode esperar.

“As coisas estão caminhando numa direção errada. Os governos sabem disso, os cientistas sabem disso, mas nada estão mudando”, disse Pablo Solón, embaixador da Bolívia nas Nações Unidas, em entrevista ao Guardian. “Esse é o único cenário para fazer um balanço entre a pressão que as grandes corporações estão colocando sobre os governantes e a pressão que pode emergir da sociedade civil.”

A CMPCC é uma significativa oportunidade dada aos povos de todo o mundo — sobretudo aqueles cujas opiniões são esquecidas ou ignoradas pelo poder hegemônico — para que se façam ouvir. Os discursos em torno da crise ambiental são, digamos, unidimensionais, na medida em que apenas conseguem conceber saídas ao aquecimento global dentro da ordem política e econômica vigente. É a insistência na manutenção das noções capitalistas de riqueza, crescimento e desenvolvimento que tem produzido abstrações esquizofrênicas para salvar o mundo da tragédia, como o mercado internacional de carbono, que faz cálculos inimagináveis para atribuir valor monetário a algo tão óbvio como a preservação ambiental.

Preservar a natureza, uma atitude gratuita, custa muito dinheiro dentro do capitalismo. Portanto, algo está errado.

É este recado, cuja inspiração parte do mundo indígena, que a CMPCC quer repassar ao mundo, uma vez que os líderes mundiais voltarão a discutir o aquecimento terrestre em dezembro de 2010, no México. Evo Morales também pretende que a Conferência seja o ponto de partida para um plebiscito mundial sobre o aquecimento climático, um instrumento que possa recolher a vontade da sociedade global sobre as políticas que estão — e principalmente as que não estão — sendo adotadas para combater a devastação.

As propostas centrais da CMPCC guardam estreita relação com muitos dos artigos e reportagens publicados aqui em Latitude Sul ao longo desse ano e pouco de atividade. São gritos para que a devastação seja interrompida de uma vez por todas, para que as florestas deixem de ser derrubadas, que os rios deixem de ser poluídos e o ar, contaminado, porque só assim poderemos viver em harmonia com a natureza, e não apartados dela, porque a ela pertencemos. E, caso a economia deixe de crescer por causa disso, então é hora de reinventar nossos padrões de bem-estar e dignidade.

Porque talvez valha mais a pena viajar menos, trabalhar menos e, consequentemente, ter menos conforto para usufruir de um ar com menos partículas pesadas, de uma água sem cloro e de florestas nativas. E, sobretudo, para que o mundo seja menos injusto. É uma escolha. –tadeu breda (cc)

>> Notícias sobre a CMPCC podem ser acompanhadas, em espanhol, no saite oficial da conferência e também, em inglês, na cobertura do jornal britânico The Guardian.

esquerda extrativista

16/04/2010 § Deixe um comentário

Eleitos com a promessa de promover um novo capítulo na história da América Latina, os governos de esquerda não tocam no que, para muitos, é o ponto nevrálgico na construção de uma nova realidade: o modelo de desenvolvimento primário-exportador

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Copenhague, constatou que apenas 5% dos brasileiros veem o aquecimento global como o grande problema do mundo. Uma fatia ainda menor da população, em torno de 1%, acredita que a preservação da biodiversidade deve ser priorizada pelas políticas públicas. Urgente mesmo, diz o levantamento, é combater a pobreza, a violência e a fome.

Os resultados da pesquisa refletem o raciocínio que move os governos da chamada esquerda sul-americana na hora de pesar as necessidades aparentemente conflitantes de preservação ambiental e crescimento econômico.

Desde a vitória de Hugo Chávez, em 1998, à de Fernando Lugo, em 2008, a onda eleitoral que conduziu ao poder candidatos de origem popular e ideias socializantes tinha como objetivo colocar um freio às políticas neoliberais. O Estado almejou, assim, reduzir a dependência externa e retomar as rédeas da economia. “Havia esperanças de que a nova esquerda promovesse mudanças substanciais no modelo de desenvolvimento, até então baseado na exportação de produtos primários”, lembra Eduardo Gudynas, pesquisador do Centro Latino-Americano de Ecologia Social (CLAES), em Montevidéu.

Isso não aconteceu. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) aponta que os produtos primários ainda são responsáveis por mais da metade do volume das vendas externas das nações agora dirigidas por governos ditos progressistas. O destaque fica com os recursos minerais e grandes monocultivos. O país menos dependente das commodities é o Brasil, que, mesmo assim, apoia 51% de sua economia sobre o extrativismo. Já a Venezuela sustenta 89% de sua balança comercial com as rendas do petróleo.

Gudynas acrescenta que os novos governos sul-americanos não apenas reforçaram as atividades primárias como também abriram novos campos de operação extrativista e agroindustrial. “É o caso da mineração no Equador, o apoio a um novo ciclo de exploração do ferro na Bolívia e o forte protagonismo estatal em promover o crescimento mineiro no Brasil e Argentina, enquanto a esquerda uruguaia se aventura na prospecção petroleira”, explica.

O xis da questão

À primeira vista pode ser difícil perceber os efeitos colaterais do negócio primário-exportador. Afinal, se as vendas externas crescem ano a ano, isso se traduz em cada vez mais dólares para a economia. E os países latino-americanos estão sempre necessitando de dinheiro: ninguém duvida que ainda há muito a ser feito em termos de educação, saúde, moradia, geração de empregos etc.

No entanto, de acordo com o economista equatoriano Alberto Acosta, desde a época da colonização as finanças regionais estiveram apoiadas sobre a exploração de produtos primários. E, ao longo dos séculos, esse tipo de atividade não foi capaz de trazer desenvolvimento humano à maioria dos latino-americanos, embora tenha produzido crescimento econômico. O último relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) coloca os países do continente em posições bastante intermediárias no ranking mundial do bem-estar. O Brasil, por exemplo, apesar de estar entre as dez maiores economias do mundo, só aparece na 75a posição.

“Seguimos acreditando, equivocadamente, que desenvolvimento é sinônimo de crescimento, e que a maneira mais fácil de alcançá-lo é através da exportação de recursos naturais”, lamenta Acosta. “Os governantes não devem apenas conseguir equidade social, aprofundar a democracia e superar o Consenso de Washington. Tudo isso é indispensável e fundamental, mas a verdadeira mudança radica em transformar a maneira como olhamos para os recursos naturais.”

O Equador deu passos importantes nesse sentido ao aprovar em 2008 uma Constituição que reconhece direitos à natureza e condiciona o progresso econômico e social a uma relação não-destrutiva com os ecossistemas. A regra é utilizar os recursos provenientes do meio ambiente numa intensidade tal que lhe permita recuperar-se dos danos ocasionados e seguir seus próprios ciclos vitais. O pequeno país andino é o primeiro a enxergar a natureza como um sujeito de direitos e não apenas um objeto de propriedade.

Imbuídos da nobre motivação de combater a pobreza, os governos da nova esquerda latino-americana se encontram às voltas com um dilema. Em tempos de crise ambiental e mudança climática, são moralmente forçados a adotar políticas de preservação da natureza, redução do efeito estufa, contenção do desmatamento e adoção de tecnologias limpas. Ao mesmo tempo, o compromisso histórico assumido durante as campanhas eleitorais obriga a mitigar a pobreza e reduzir o abismo social que separa ricos e pobres no continente mais desigual do planeta.

Antes, a pobreza

A primeira opção parece ter sido o combate à miséria. E, para levá-lo a cabo, o poder público necessita de recursos financeiros, já que o modelo escolhido para aliviar a fome, aplacar o trabalho infantil e reanimar as economias locais descansa sobre programas de transferência de renda. Lula criou o Bolsa Família. Na Bolívia se instaurou o Bônus Juancito Pinto. Os uruguaios contam com o Plano de Assistência Nacional à Emergência Social. No Equador apareceu o Bônus de Desenvolvimento Humano, e a Argentina deu início ao Programa de Famílias. Há também o Chile Solidário.

Como o Estado voltou a assumir um papel mais protagônico na economia, há mais dinheiro em caixa. A Bolívia é um caso exemplar. Quando nacionalizou o gás e o petróleo, em 2006, Evo Morales subiu para 50% a tributação sobre os hidrocarbonetos. A renegociação dos contratos e a reativação da estatal YPFB ajudaram a mudar o quadro econômico. O PIB boliviano foi duplicado e atinge os US$ 19 bilhões, as reservas internacionais se incrementaram, a inflação está controlada e o câmbio, estabilizado. “Deixamos de ser o país mais pobre da América do Sul”, comemora o ministro da Economia, Luis Arce.

Os novos recursos permitem aos governos repassar à parcela mais pobre da população uma parte dos excedentes obtidos com o extrativismo e, assim, remediar os efeitos da pobreza. “O estado busca captar excedentes provenientes do extrativismo e, ao utilizá-los em programas sociais, consegue legitimidade para defender as atividades extrativistas”, analisa Eduardo Gudynas. “As ações sociais necessitam um crescente financiamento e, portanto, os governos se tornam dependentes da exportação primária para captar recursos financeiros.”

O mesmo diferente

As empresas estatais, porém, não agem de maneira muito distinta das companhias estrangeiras quando o assunto é compromisso ambiental. Se as grandes transnacionais da mineração, do petróleo e do agronegócio justificam seus empreendimentos com a promessa de progresso, emprego e bem-estar, os governos latino-americanos seguem o mesmo caminho. A grande diferença é o destino dos lucros, que, agora mais que antes, permanecem no próprio país. Contudo, apesar de ser justificada por novas realidades e argumentos, a devastação continua.

O debate nascido dentro do governo brasileiro entre Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, e Marina Silva, ex-titular do Meio Ambiente, é prova desse embate. Enquanto a coordenadora do PAC advogava pela celeridade das obras de infra-estrutura, a herdeira política de Chico Mendes insistia na importância dos estudos de impacto ambiental. Apoiada por Lula, Dilma venceu a batalha, enquanto Marina preferiu deixar o governo após ficar conhecida como “ministra dos bagres” e ser considerada por muitos uma “trava” ao desenvolvimento.

O resultado dessa batalha viabilizou, entre outros projetos, a construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, e Belo Monte, no rio Xingu, que seguem a todo vapor. Juntas, as represas terão capacidade para gerar 18,4 mil megawatts, que irão alimentar a expansão industrial no sudeste e a da mineração na Amazônia.

Atualmente, segundo o geógrafo Arnaldo Carneiro, do Instituto Sócio Ambiental, “metade da capacidade energética instalada na região norte é consumida pela mineração e metalurgia, e 20% de toda eletricidade produzida no país é agregada a produtos destinados ao mercado externo”.

O PAC promete repassar R$ 35 bilhões para investimentos em geração e transmissão de energia na região amazônica. Outros R$ 10,6 bilhões devem permitir a construção e pavimentação de rodovias na floresta. Entre os projetos na área dos transportes, chama a atenção o asfaltamento da BR-163 (Cuiabá-Santarém) e da BR-319 (Manaus-Porto Velho), esta ainda em fase de avaliação ambiental, mas que pode acarretar o desmatamento de 39 milhões de hectares e afetar a mais de 50 povos indígenas, alguns em isolamento voluntário.

Contradições amazônicas

“Como outros projetos de infra-estrutura, as estradas são importantes para estimular a economia, integrar locais distantes e prover acessos a serviços públicos, como escolas e hospitais”, reconhece Arnaldo Carneiro. O geógrafo lembra, entretanto, que as estradas também vêm possibilitando o roubo de madeira, o surgimento de garimpos e a apropriação ilegal de terras indígenas. Basta dizer que, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), cerca de 75% do desmatamento ocorre numa faixa de até 100 quilômetros ao redor das rodovias.

“O Estado brasileiro está presente na Amazônia, mas de forma esquizofrênica”, avalia Carneiro, assinalando que, enquanto o governo se desdobra para reduzir o desmatamento, financia projetos que ajudam a derrubar a floresta. “Precisamos mesmo expandir sobre a Amazônia? Ou, nesse jogo global de economias ambientais, a Amazônia tem uma outra virtude, uma outra utilidade que não seja servir à pecuária e à agricultura?”

Os questionamentos do geógrafo não fazem eco aos projetos da Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), que, com forte apoio do BNDES, também está presente na Amazônia. Pelo menos dois corredores interoceânicos estão em planejamento para ligar a porção brasileira da floresta à cordilheira dos Andes e ao Pacífico, incrementando, assim, o escoamento dos grãos produzidos pelo avanço da fronteira agrícola ao norte do Mato Grosso.

“Devemos procurar um modelo de desenvolvimento que gere emprego e fortalecer um tipo de produção que não destrua a floresta. A Zona Franca de Manaus é um exemplo de indústria que não desmata. Podemos criticá-la de várias maneiras, mas o estado do Amazonas é o que menos desmata e ainda por cima tem um pólo industrial”, opina o físico Luiz Pinguelli Rosa, da UFRJ. “Devemos buscar um tipo de desenvolvimento que não produza tantas emissões e, ao mesmo tempo, dê uma vida digna à população. Não tem cabimento os europeus viverem numa situação confortável e aqui existir gente que sequer tem energia elétrica em casa.” –tadeu breda (cc)

lobisomens de brasília

08/04/2010 § 1 comentário

No mês em que completa 50 anos, a Capital também comemora o início das obras do primeiro Bairro Ecológico do Brasil, cuja construção deverá derrubar 150 mil árvores nativas e desalojar a única comunidade indígena instalada tradicionalmente no cerrado do Distrito Federal

>> publicado na rolling stone

Korubo gosta de construir suas casas em cima das árvores. Apurando a vista é possível identificar algumas delas escondidas entre os galhos retorcidos que se espalham pelo horizonte do cerrado. Uma ou duas ripas de madeira, presas com cordas ou pregos, servem de cama. Um pedaço de plástico eventualmente faz as vezes de teto. No alto, Korubo encontra refúgio seguro contra as surpresas da madrugada.

Ultimamente, no entanto, suas noites não têm sido das mais tranquilas. A altura o protege dos animais que perambulam pela escuridão, mas na verdade nem são os bichos da mata que deixam Korubo de orelha em pé.

“Fico acordado até tarde para afugentar o lobisomem”, diz.

A mesma fogueira que cozinha nosso jantar também ilumina seu rosto. Korubo é um índio de cabelos ralos e longos, corpulento apesar de sua baixa estatura. A mistura de português com espanhol que sai de sua boca é fruto dos anos que viveu na Amazônia, numa região da floresta que não enxerga fronteiras entre o Brasil e o Peru. Nosso encontro, porém, se dá no Planalto Central, em noite de lua cheia. O céu está forrado de estrelas e o olhar de Korubo deixa transparecer que, pelo menos nestas paragens, a aparição da criatura que é lobo e homem ao mesmo tempo, ou homem lobo do homem, não está condicionada aos caprichos do calendário lunar.

O que perturba o sono de Korubo e dos demais índios que vivem na Terra Indígena do Bananal, localizada dentro do perímetro urbano da capital da República, é o avanço das obras que pretendem erguer exatamente ali, ao preço de R$ 8 mil o metro quadrado, o bairro mais moderno e ecologicamente correto que Brasília jamais viu em seus 50 anos de história.

Desde a década de noventa os dias e as noites dos índios que vivem em comunhão com a mãe-terra em pleno Plano Piloto são pontuados de ameaças e incertezas. A situação, no entanto, ficou mais tensa após a eleição de José Roberto Arruda para comandar o Distrito Federal, em 2006. Entre os projetos prioritários do novo governador estava a materialização de um empreendimento imobiliário idealizado há mais vinte anos e que até então não tinha saído do papel.

O motivo das rondas noturnas de Korubo para afastar o lobisomem tem suas raízes em 1987. Foi nesta época que Lúcio Costa, já octogenário, viajou a Brasília a convite do governo Aparecido de Oliveira e redigiu algumas observações sobre o crescimento da capital. O Distrito Federal estava prestes a completar três décadas de existência, e Lúcio Costa achou pertinente opinar sobre os rumos da cidade modernista que havia projetado em parceria com Oscar Niemeyer. Assim nasceu um documento intitulado Brasília Revisitada.

Entre muitas sugestões pensadas no sentido de não descaracterizar o projeto original, Lúcio Costa escreveu que o Plano Piloto, se necessário fosse, poderia expandir o alcance de seu concreto em direção a dois bairros ainda inexistentes. A eles deu o nome de Oeste Sul e Oeste Norte. O urbanista não deixou nenhum desenho que ilustrasse suas derradeiras ideias sobre a capital, mas, segundo seus escritos, as novas aglomerações residenciais deveriam se localizar em áreas contíguas às Asas Sul e Norte, como se fossem os elevadores – aquelas asinhas traseiras – do avião que se traveste de cidade quando se contempla Brasília do alto. Para os novos setores, Lúcio Costa previu quadras com edifícios de três pavimentos e superquadras com prédios de seis andares, deixando bem claro que a expansão urbana do Plano Piloto deveria “responder à demanda habitacional popular” e também à classe-média.

Brasília Revisitada traz ainda uma série de anotações que jamais encontrariam cabida no cotidiano da cidade. O desejo de Lúcio Costa era ver uma capital sem engarrafamentos e com um sistema público de transportes eficiente e moderno, mas basta ir a Brasília para perceber que a quantidade de veículos – aproximadamente um para cada dois habitantes – inviabiliza a fluidez do tráfego na hora do rush. Os ônibus em geral são antigos e transportam pouco mais de 14 milhões de passageiros ao mês. A orla do Lago Paranoá, que o urbanista idealizou para ser de livre acesso a todos, está tomada por condomínios de luxo e outras edificações irregulares que privatizaram boa parte da praia dos brasilienses. A intenção de promover um crescimento ordenado das chamadas cidades-satélites também se veria frustrada, assim como a noção de que Brasília não deveria nunca se transformar numa grande metrópole, como é atualmente, com 2,6 milhões de habitantes vivendo de serviços e burocracia.

Muito daquilo que Lúcio Costa pensou para aprimorar o funcionamento da capital não foi levado em consideração por nenhum dos sucessivos governos que em meio século passaram pelo Palácio do Buriti. O urbanista foi solene e especialmente ignorado nas recomendações de cunho social e coletivista que contemplassem a qualidade de vida da maior parcela da população, que hoje se concentra em cidades carentes dos serviços mais básicos, distantes dos postos de trabalho, com baixos índices de desenvolvimento humano e altas taxas de criminalidade. Cerca de 80% dos brasilienses vivem foram do Plano Piloto, que é onde estão 70% dos empregos.

O Estado não foi omisso, porém, na hora de construir o bairro Oeste Sul. Rebatizado como Sudoeste, o novo conjunto habitacional brotaria da lama durante a gestão de Joaquim Roriz, que viabilizou no local previsto por Lúcio Costa a construção de um setor residencial e um parque. Roriz, assim como outros governadores do Distrito Federal, também tentaria materializar o setor Oeste Norte, mas o bairro, agora chamado Noroeste, não deixaria o mundo das ideias até que José Roberto Arruda assumisse o governo, tendo como vice o megaempreendedor imobiliário Paulo Octavio, um dos homens mais ricos de Brasília, casado com a neta de Juscelino Kubitschek e autointitulado “herdeiro político” do fundador de Brasília.

Em janeiro de 2007, nada mais tomar posse, Arruda deu à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) a missão de implementar de uma vez por todas o bairro que faltava para concluir o Plano Piloto. Junto com a nova área, seguindo os moldes do Sudoeste, estava prevista a construção de um novo parque. O projeto já vinha sendo delineado desde o governo Cristovam Buarque (1995-1999) e aguardava apenas a vontade política do Executivo para se concretizar. Agora já não faltava nada.

O Noroeste pretende ser o primeiro bairro ecologicamente correto do Brasil. Para isso, vai ocupar com edificações apenas 313 de seus 821 hectares de área total. O resto será preenchido com muito muito verde. Terá 20 quadras residenciais e 24 quadras comerciais e foi projetado para oferecer moradias de alto padrão para cerca de 40 mil pessoas. Para reduzir os impactos ambientais, uma série de tecnologias inovadoras será adotada. Uma delas é o reaproveitamento da água das chuvas para regar os jardins e abastecer os lagos artificiais do Parque Burle Marx, contíguo às residências. Outro destaque é o aproveitamento máximo da energia solar.

“No Noroeste será proibido utilizar chuveiro elétrico, que hoje em dia é o maior consumidor de energia principalmente em horário de pico”, explica o deputado federal Cássio Taniguchi, mentor ambiental do projeto. “Gostaríamos que o bairro fosse totalmente autossuficiente em energia. Por isso, o lixo orgânico será eventualmente utilizado para geração de eletricidade por meio da compostagem.”

Ainda em matéria de resíduos domésticos, haverá no Noroeste um sistema de coleta por sucção à vácuo que promete desaparecer com os caminhões de lixo e reduzir a zero a quantidade de detritos nas vias públicas. O bairro também terá uma rede de ciclovias e faixas exclusivas destinadas ao transporte coletivo para, quem sabe, reduzir a dependência do veículo particular.

“O Plano Piloto foi projetado para abrigar 500 mil habitantes. Hoje abriga tão-somente 220 mil. Há vazios urbanos imensos aqui dentro”, continua Taniguchi. “Temos que adensar, mas não de qualquer jeito. A ocupação deve ser bem definida, bem estruturada e controlada. É disso que se trata.”

O diferencial ecológico, obviamente, faz parte da publicidade em torno do novo bairro. Todos os anúncios que se espalham pela sociedade brasiliense propagandeando o Noroeste levam invariavelmente a cor verde e outras menções diretas e indiretas à preservação dos ecossistemas no Planalto Central. Alguns folhetos trazem inclusive sementes de ipê amarelo, espécie típica do cerrado, junto com instruções para o plantio.

As previsões da Terracap apontam para a geração de 30 mil empregos diretos assim que for acionada a cadeia produtiva que viabilizará o novo bairro. Como se trata do maior e mais moderno empreendimento imobiliário do Brasil, o Noroeste irá necessitar dos serviços de profissionais tão díspares quanto engenheiros ambientais e operários da construção civil. Apenas a venda das projeções do setor residencial deve arrecadar R$ 3 bilhões aos cofres públicos. Outras estimativas dão conta de que ali está em gestação uma massa financeira de até R$ 11 bilhões em serviços imobiliários.

“Se a gente comparar como foi o modelo de expansão do Distrito Federal, cujo histórico é de ocupação irregular, o Noroeste saiu muito à frente”, explica Hugo Américo, superintendente substituto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). “O bairro ainda está sendo implantado, mas já passou por uma análise prévia muito grande para tentar mitigar ao máximo os impactos ambientais. Se tudo for feito nos moldes do processo e nas condicionantes ambientais que foram colocadas, o Noroeste com certeza será dos bairros mais ecológicos do Brasil.”

Com todas as licenças ambientais outorgadas e algumas pendências jurídicas aprovadas, em dezembro de 2008 a Terracap conseguiu registrar em cartório a joia de sua coroa imobiliária. Um mês depois o governo do Distrito Federal lançou a pedra fundamental do novo setor e, sempre correndo contra o relógio, começou a trabalhar na licitação que venderia as projeções do Noroeste. Os primeiros 55 lotes foram arrematados no dia 29 de janeiro de 2009. Em apenas duas horas a Terracap faturou R$ 537 milhões, mais do que nos quatro anos do governo anterior.

Foi então que o lobisomem começou a visitar com mais frequência a Terra Indígena do Bananal, obrigando Korubo a trocar suas noites de sono no alto das árvores pela vigília madrugada adentro.

É verão e chove bastante no Distrito Federal. São pés d’água esparsos. Enquanto a chuva cai inclemente sobre uma parte da paisagem, o sol ilumina outra logo adiante. As nuvens parecem um regador que passeia sobre o firmamento molhando o cerrado como se fosse um jardim, pacientemente, uma parte de cada vez. O céu neste pedaço do Brasil, de tão grandioso, é capaz de abrigar nuvens carregadas que antecipam a noite e, ao mesmo tempo, azuis límpidos de um cor-de-rosa que enternece os entardeceres.

Com seus cabelos longos e grisalhos, colares no pescoço e shorts vermelho, o pajé Santxiê Tapuya, uma das lideranças da Terra Indígena do Bananal, conversa comigo debaixo de um abacateiro. Estou sentado sobre uma cadeira de plástico, ele, numa tora de madeira. Está sem camisa e pita sem parar um cachimbo recheado com fumo de corda, que intercala com goles de café. O chão vermelho é de terra batida. Famílias inteiras de galos, galinhas e pintinhos ciscam em busca de alimento, e um casal de filhotes caninos vez ou outra vem bulir conosco mordendo nossos pés descalços.

O homem que capitaneia a resistência indígena no Bananal contra as ambições imobiliárias do governo brasiliense tem 53 anos e nasceu numa aldeia que rodeia a cidade de Águas Belas, no sertão pernambucano. Santxiê é filho da etnia fulni-ô e faz questão de preservar as tradições do único povo ancestral do Nordeste que conseguiu manter vivo e ativo seu idioma. Apesar de todos no Bananal falarem e compreenderem o português, é recitando o verbo suave e ritmado do yathê – nossa fala – que o pajé se comunica com os seus.

É Santxiê quem me explica: os primeiros fulni-ô a se estabelecerem no Planalto Central durante século XX, assim como muitos outros brasileiros, vieram a Brasília dispostos a moldar, com muito concreto e suor, os edifícios de arquitetura arrojada desenhados por Oscar Niemeyer. Nos idos de 1958, o Planalto Central era o eldorado para homens e mulheres pobres que buscavam uma oportunidade para mudar de vida. Mais tarde ficariam conhecidos como “candangos”, e perderiam rapidamente o título de heróis nacionais para se transformarem em problema social quando resolveram permanecer em Brasília ao invés de retornarem para suas casas.

Entre os que vieram, trabalharam e ficaram, estavam os fulni-ô José Ribeiro, Elói Lúcio, José Carlos Veríssimo e Antônio Inácio Severo. Este último ficaria conhecido no canteiro de obras como Índio Juscelino. Entre os indígenas com quem assentava tijolos, porém, Antônio era chamado de Cacique Zumba. São três maneiras de chamar a mesma pessoa, a quem Santxiê, pelo grau de parentesco, também se refere como tio.

Uma das características mais importantes da cultura fulni-ô é a prática do Ouricuri, espécie de ritual sagrado que acontece tradicionalmente uma vez ao ano. Conforme o mês de agosto vai chegando ao fim, os indígenas se preparam para um período de dois meses de isolamento. Apenas autênticos filhos da aldeia alfabetizados no yathê podem participar dos festejos. Quem não é fulni-ô ou não fala o idioma está fora. Por isso, pouca coisa se sabe sobre os detalhes do ritual. O antropólogo mexicano Jorge Hernández Díaz estudou os costumes indígenas de Águas Belas na década de oitenta e, no atlas Povos Indígenas do Brasil, publicado pelo Instituto Socioambiental, dá alguns indícios de como os fulni-ô se comportam durante os meses sagrados. Dentro do Ouricuri, por exemplo, a tradição impede o consumo de bebidas alcoólicas, e não se toca nem se escuta outro tipo de música que não as canções próprias da cerimônia. A abstinência sexual é praticada em alguns momentos e, em outros, os índios se sentam para discutir os problemas da tribo e nomear lideranças.

Seja como for, foi procurando um espaço para praticar rituais sagrados que exigem isolamento que o Índio Juscelino e os demais fulni-ô teriam encontrado, dentro de Brasília, uma área de mata que estivesse afastada tanto dos canteiros de obra como das vilas operárias.

O antropólogo Rodrigo Nacif fala da existência de muitos relatos que atestam a história do Cacique Zumba contada por Santxiê. Um deles partiu da boca do arquiteto brasiliense Carlos Guimarães, braço direito de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que supervisionava as obras durante a construção da capital. “Ele confirmou que os trabalhadores comentavam sobre o hábito dos índios de se ausentarem para praticar seus rituais em algum lugar do cerrado”, relata Nacif.

Santxiê não tem a menor dúvida de que o local encontrado pelo Índio Juscelino e outros parentes de Águas Belas para praticar sua espiritualidade dentro do Distrito Federal é o mesmo onde ele agora vive. Por isso mesmo resolveu mudar o nome do lugar, de Terra Indígena do Bananal, para Terra Indígena Santuário dos Pajés.

“Eles já sabiam que se tratava de uma terra sagrada”, confirma, comentando que muito perto dali existem cemitérios ancestrais e outros indícios de ocupação imemorial.

Santxiê atesta que o avanço dos bandeirantes pelo interior do Brasil, assassinando e expulsando os índios das regiões mais próximas da costa atlântica, fez com que uma infinidade de povos nativos se instalassem no Planalto Central. Rabiscando o chão com um graveto, o pajé argumenta ainda que a região era cruzada por um rota tradicional de migração indígena. Tudo isso, segundo ele, estaria relacionado direta ou indiretamente ao povo do qual descende, fulni-ô, os últimos tapuias.

Obviamente, com um projeto bilionário nas mãos, a Terracap não acredita em um pingo sequer dessa história. Mais que isso, o governo do Distrito Federal tem sua própria versão sobre a presença dos índios no Bananal. E o raciocínio oficial é simples: toda a extensão do Noroeste pertence legalmente à Terracap. É o que dizem as escrituras e os registros em cartório. Como a Terracap está ligada à administração distrital, é plausível argumentar que o Santuário dos Pajés está localizado numa propriedade do Estado. Logo, na visão da Companhia Imobiliária de Brasília, os indígenas que vivem ali são invasores de terras públicas. “Sem lugar para morar, eles acabaram ocupando a área onde atualmente se encontram. Para todos os brasilienses foi uma grande surpresa saber que em Brasília havia tribos e que esses índios viviam embrenhados no Noroeste”, diz Pelágio Gondim, assessor de imprensa da companhia.

Aqui começa uma batalha ideológica travada pelo governo em conluio com o maior diário do Distrito Federal, o Correio Braziliense, com o objetivo de conquistar os corações e as mentes da opinião pública contra a permanência dos indígenas no Bananal e a favor da construção do primeiro bairro ecológico do Brasil.

Além de Santxiê, Korubo e os cerca de dez índios que vivem e resistem no Santuário dos Pajés, há um outro agrupamento no local. A população varia conforme a época do ano, as visitas à terra natal e os imperativos espirituais. Ivanice Tononé, da etnia kariri-xokó, é quem responde pelos demais indígenas que habitam o Noroeste. As circunstâncias que a levaram a Brasília e, mais especificamente, até o Bananal são um pouco diferentes das que trouxeram Santxiê.

O pajé chegou definitivamente por volta de 1976, com a intenção de se juntar aos familiares que já residiam na área. Desde a década de sessenta, no entanto, Santxiê vinha regularmente para visitar a mãe, dona Maria Veríssimo Machado, que também havia se deslocado a Brasília devido à presença dos parentes.

A região de Águas Belas, terra originária dos fulni-ô, se localiza na porção pernambucana do chamado Polígono das Secas. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o Polígono das Secas é definido como “um território sujeito a períodos críticos de prolongada estiagem”. Abrange oito estados do semi-árido nordestino e frequentemente ganha o noticiário de tragédias brasileiras por casos de desnutrição e falta d’água. Santxiê veio para o Planalto Central, ele mesmo diz, fugido da pobreza e de condições de trabalho indignas.

“Teve uma fome muito grande lá, uma miséria, uma epidemia de cólera”, lembra. O pajé ainda passaria uma temporada no Rio de Janeiro antes de retornar a Brasília e se fixar de vez no Bananal.

Já Ivanice chegou à capital em busca de atendimento médico e acabou ficando. É original do município alagoano de Porto Real do Colégio, localizado às margens do rio São Francisco, na divisa com Sergipe. É lá que vivem os cerca de 1,7 mil remanescentes da etnia kariri-xokó, que infelizmente perderam sua língua nativa devido ao contato com o colonizador.

“Os kariri-xokó representam, na realidade, o que resta da fusão de vários grupos tribais depois de séculos de aldeamento e catequese. Seu cotidiano é muito semelhante ao das populações rurais de baixa renda que vendem sua força de trabalho nas diferentes atividades agropecuárias da região”, escreve a antropóloga Vera Lúcia da Mata, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Contudo, pode-se dizer que é um grupo que tem sua indianidade preservada pela manutenção do ritual do Ouricuri.”

Segundo o atlas Povos Indígenas do Brasil, assim como acontece entre os fulni-ô de Pernambuco, os kariri-xokó de Alagoas não revelam detalhes de seu ritual sagrado. Sabe-se, entretanto, que são cerimônias distintas.

Ivanice conta que foi Santxiê quem a ajudou nos primeiros meses de Brasília, quando não tinha onde ficar. Isso foi em 1986. “Depois eu fiz as casas, as ocas e criei meus filhos. Trouxe minha família pra cá e fiquei morando com meu povo. O tempo foi passando e ninguém nem sabia que a gente morava aqui”, explica. Ivanice diz que com ela vivem oito famílias, a maioria indígena, mas nem todos. “Tem índio que é casado com branca e branco que é casado com índia. É gente branca que atrapalha a nossa história, porque fica metendo a colher onde não é chamada.”

Talvez tenha sido o que Ivanice Tononé chama de “influência branca” o que a tenha afastado de Santxiê. Ao longo do tempo, tanto os fulni-ô como os kariri-xokó residentes no Bananal utilizaram o Santuário dos Pajés como espaço para realizar danças e rituais sagrados, conjunta ou isoladamente. No entanto, a pressão da Terracap pela desapropriação da área acabou dividindo a comunidade. Em 2007, quando as movimentações em torno do Setor Noroeste ganharam corpo e a construção do novo bairro parecia iminente, houve um racha entre os índios que não queriam sair em hipótese alguma e os que aceitavam ser removidos mediante o atendimento de algumas exigências.

Ao ser colocado contra a parede, Santxiê bateu o pé e quis ficar. Era a única alternativa para defender uma área que considera sagrada. Mas Tononé, orientada por um advogado particular, se dispôs a sair em troca de uma indenização: a kariri-xokó procuraria outro lugar para morar caso a Terracap pagasse 10% do valor que estava sendo negociado pelo Bananal no mercado imobiliário. Como na época a propriedade era avaliada em R$ 740 milhões, o grupo liderado por Ivanice exigiu uma quantia de R$ 74 milhões para entrar num acordo.

“A Terracap, obviamente, recusou a proposta”, explica Pelágio Gondim. Não apenas recusou, como utilizou a atitude de Ivanice para manipular as informações sobre a resistência indígena e arremeter contra a comunidade do Bananal.

Ivanice Tononé certamente não tinha noção da campanha midiática que seu pedido de compensação financeira iria desencadear. Santxiê talvez sim tivesse, e por isso resolveu se afastar da ex-companheira, refugiando-se no Santuário dos Pajés com seus parentes mais próximos e adotando uma postura pautada pela defesa intransigente da cultura indígena e dos modos tradicionais de vida.

“O papel do Santuário no Bananal é revitalizar”, define o fulni-ô. “É uma ocupação permanente, com hábito, costume e tradição viva, agregando o saber dos outros povos e transmitindo conhecimento ancestral.”

Na entrada do Santuário dos Pajés é possível ver flamulando as bandeiras azuis-claras da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entidades cujos estatutos reconhecem o direito consagrado dos povos indígenas a territórios que ocupam de maneira tradicional. A casa de Santxiê está repleta de recortes que transcrevem trechos da Lei Federal 6.001/73, cujo texto garante ao índio a propriedade plena de áreas inferiores a 50 hectares das quais faz uso tradicional há mais de dez anos consecutivos. É exatamente o caso do Santuário. Placas de advertência na estrada que liga a cidade à terra indígena também fazem referência ao artigo 231 da Constituição. Entre seus muitos parágrafos, podemos citar o que diz:

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Santxiê e seus parentes do Santuário dos Pajés se aferram à legislação e aos direitos constitucionais para lutar contra o grande capital especulador personificado pela Terracap. Talvez por isso jamais tenham sido entrevistados pelos veículos de comunicação de massa que vêm publicando notícias sobre o Setor Noroeste e o impasse causado pela presença indígena.

O caso do Correio Braziliense ilustra bastante bem a questão. O jornalista Alan Schvarsberg apresentou à Universidade de Brasília (UnB) um levantamento da cobertura realizada sobre a construção do novo bairro entre março de 2008 e março de 2009. Nesse período foram publicadas 38 matérias relativas ao tema no caderno Cidades, que circula diariamente no Correio. A redação ouviu 18 pessoas para produzir todas as matérias que veiculou durante um ano sobre o Noroeste. Apesar de a questão indígena ter sido mencionada em 31 das 38 reportagens, os indígenas do Bananal só foram ouvidos em três ocasiões. E apenas dois deles foram consultados: Ivanice e Mareval, justamente os membros do grupo que havia aceitado liberar a área mediante pagamento de uma indenização milionária. O jornal chegou a publicar fotos de Santxiê e do Santuário dos Pajés para ilustrar as reportagens, mas nem ele nem qualquer outro índio que se recusa a deixar o território jamais foram ouvidos como fonte no período estudado por Schvarsberg.

Muitos menos explicou-se que ali os fulni-ô preservam sua língua e seus conhecimentos tradicionais, e que possuem um templo sagrado denominado Hendjadwália Ehty, a casa de deus construída em superadobe, cuja abertura no teto conectar os índios com o sol, a lua e as estrelas. O Correio Braziliense também se recusou a citar que os índios do Santuário dos Pajés promovem constantemente o reflorestamento de locais devastados dentro e fora de seu território. Não disse que cultivam ervas medicinais no Herbário Fitoterápico ou que o trabalho com as espécies vegetais do cerrado já rendera a Santxiê o Prêmio de Culturas Indígenas Xicão Xukuru, atribuído pelo Ministério da Cultura em 2007. Tampouco foi mencionado que o local recebe a visita de estudantes e universitários em busca de um contato real com as tradições indígenas, nem que serve de ponto de encontro entre lideranças tribais do Brasil e do exterior que eventualmente passam por Brasília em suas andanças políticas. Principalmente não foi dito que o Santuário dos Pajés é o único espaço existente na capital da República para a prática da cosmovisão indígena segundo os costumes tradicionais dos primeiros habitantes do país.

Coincidência ou não, no mesmo intervalo de tempo em que foram publicadas essas matérias, a seção Cidades do Correio Braziliense trouxe 94 anúncios imobiliários, muito deles estampados nas mesmas páginas que trouxeram notícias favoráveis à construção do Setor Noroeste e contrárias à presença indígena. Apenas quatro dessas peças publicitárias não traziam o selo da Pau1OOctavio, empresa do então vice-governador do Distrito Federal e uma das maiores entusiastas do Noroeste. Segundo Schvarsberg, as propagandas renderam mais de R$ 2 milhões ao Correio Braziliense.

Pau1OOctavio é a marca que luze bem grande junto à da construtora Rossi no imenso estande de vendas do Noroeste, um palácio erguido na Asa Norte de Brasília para catapultar a comercialização dos lotes. Ali estão em exibição as plantas e desenhos em três dimensões dos produtos imobiliários da linha Persona, sofisticados apartamentos de dois, três e quatro dormitórios localizados no mais novo bairro da cidade. São habitações de 76 a 556 metros quadrados, com direito a piscina, salão de festas, academia, sauna, espaço relax e um exclusivo espaço gourmet, tudo do melhor e mais moderno que o mercado pode oferecer em termos de moradia de alta classe.

A porta do estande se abre automaticamente ao visitante. Na recepção, um trio de mulheres bonitas, maquiadas e vestidas de preto, atende os compradores em potencial. Pedem nome e telefone e só então designam o interessado a um corretor de plantão. Apesar de nem minha roupa nem minha aparência combinarem com a sofisticação do recinto, fui bem atendido pelo funcionário que se dispôs a me mostrar as benesses do Noroeste. Entre suco, água, chá e café, escolhi este último e ouvi atentamente as vantagens de se morar no primeiro bairro ecologicamente correto do Brasil.

O preço é salgado, o corretor concorda, mas em seguida lista uma série de facilidades de pagamento que a Pau1OOctavio oferece à clientela. Um apartamento de dois quartos, com 78 metros quadrados e duas vagas na garagem, não sai por menos de R$ 750 mil. Já os de três dormitórios e 103 metros quadrados, também com duas vagas, têm um custo de R$ 997 mil. Residências com quatro quartos ultrapassam os R$ 2 milhões, tudo devidamente parcelado. Isso sem contar as coberturas dúplex com 556 metros quadrados. A entrega das chaves está prevista para 2012.

Pergunto ao corretor sobre a presença de índios no local. Afinal, adquirir um apartamento no Noroeste demanda um investimento pesado até para o bolso dos cidadãos mais remediados e, convenhamos, eu preciso ter alguma garantia de que meu dinheiro não vai se perder em meio a decisões judiciais favoráveis a um bando de invasores de terra.

“Os índios já foram retirados de lá”, me garante o funcionário da Pau1OOctavio. Claro, ele não fazia a menor ideia de que eu já havia visitado o Santuário dos Pajés e visto com meus próprios olhos que os indígenas seguem firmes na resistência.

“É mesmo?”, pergunto.

“Sim, houve alguns problemas, mas já foi tudo solucionado”, diz, procurando me tranquilizar. “Tanto que os imóveis já estão inclusive sendo vendidos.”

“Mas, vem cá”, insisto. O volume de minha voz vai diminuindo até se transformar num sussurro. “O Paulo Octavio que acabou de renunciar ao governo do Distrito Federal não é o mesmo Pau1OOctavio que está vendendo os apartamentos?”

O corretor responde afirmativamente, mas jura de pé junto que não haverá qualquer problema com o empreendimento. “Uma coisa é política, outra coisa é engenharia”, conclui.

Paulo Octavio, todo brasiliense sabe quem é. Carinhosa ou ironicamente chamado de PO, é de domínio público que sua fortuna saiu do mercado imobiliário e que seu nome domina o negócio da construção civil na capital do país. No último mês de fevereiro, Paulo Octavio unificou numa só pessoa o poder econômico e político do Distrito Federal ao assumir o governo. Infelizmente para ele, as circunstâncias não eram das melhores. PO teve que substituir José Roberto Arruda, que acabara de ser detido pela Polícia Federal após uma câmera escondida ter gravado seus assessores distribuindo maços de dinheiro a deputados distritais. O episódio ficou conhecido como “mensalão do DEM” e culminaria na renúncia de boa parte do primeiro escalão do governo. Alegando falta de apoio político de seu partido e de seus ex-aliados, Paulo Octavio, poucos dias depois de assumir o Palácio do Buriti, também achou melhor debandar.

Por isso, muita gente acredita que cedo ou tarde os laços entre o escândalo das propinas e o negócio imobiliário – Setor Noroeste incluído – serão desvendados. Além de Paulo Octavio, que tem nítidos interesses no novo bairro, Cássio Taniguchi e Antônio Gomes também pediram demissão após o estouro das denúncias. Eles comandavam, respectivamente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) e a Terracap. Para engrossar o lamaçal, a votação que aprovou na Câmara Legislativa o Plano Diretor do Ordenamento Territorial (PDOT) pode ter sido influenciada pelo pagamento de propinas. A normativa define onde se pode e onde não se pode construir dentro de Brasília e interessa sobremaneira às empreiteiras que estão investindo pesado no Noroeste e outros empreendimentos.

“Nós sabemos que o voto da base de governo para a aprovação do PDOT foi municiado com recursos públicos na forma de propina”, testifica a deputada distrital Érika Kokay, do PT. “O que nós estamos vivendo aqui é uma absurdidade, é surreal. Se construiu uma realidade fantasiosa e se vendeu essa realidade como se fosse verdadeira para alimentar a destruição de Brasília.”

A fantasia a que se refere a deputada diz respeito ao mal uso que o setor imobiliário faz do déficit habitacional de Brasília. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério das Cidades, a carência de imóveis no Distrito Federal em 2007 estava na casa dos 107 mil domicílios, sendo que a parcela da população que ganha até três salários mínimos mensais responde por 84% do problema. Logo, esperava-se que o governo promovesse empreendimentos que atendessem aos cidadãos mais atingidos pela falta de moradia. No entanto, o novo setor residencial de Brasília está dirigido à elite mais pudente da capital, que, por sua vez, contabiliza um déficit habitacional de somente 3,2%.

Quem é contrário ao Noroeste acredita que a construção de um bairro autoproclamado ecológico em cima da única área que resta de cerrado dentro do Plano Piloto, e ainda por cima atropelando direitos indígenas, é a continuação da política de favorecimento que desde sempre dominou a vida pública do Distrito Federal e que desembocou agora, no ano do cinquentenário, com um governador literalmente atrás das grades. “É um atentado à inteligência”, conclui Érika Kokay.

É verdade que o empreendimento recebeu do Ibama tanto a licença prévia como a licença de instalação do projeto. No entanto, historicamente a relação de Brasília com a natureza não tem sido das melhores. Desde que foi construída, a capital da República só tem feito devastar o cerrado em benefício da expansão populacional. A destruição se traduz em números. Em 1973, por exemplo, o concreto cobria 122 quilômetros quadrados do Distrito Federal. Trinta anos depois, a urbe praticamente quadruplicaria seu alcance a 439 quilômetros quadrados. A ocupação do território, via de regra desordenada e irregular numa cidade reconhecida pela excelência de seu planejamento urbanístico, causou uma série de problemas estruturais que apenas agora está mostrando sua face.

“Hoje temos uma situação de abastecimento de água muito complicada”, explica Gustavo Souto Maior, presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), autarquia ligada ao governo do Distrito Federal. “Estamos produzindo a mesma quantidade de água que consumimos, e a alternativa futura que teríamos era justamente a barragem de São Bartolomeu, que já não pode ser construída devido à ocupação imobiliária irregular.” Souto Maior explica que a opção que está se concretizando entre as autoridades, a última delas, é o Lago Paranoá.

Por mais ecologicamente correto que seja, e por mais que viabilize a expansão de Brasília dentro de padrões ambientais aceitáveis, o Noroeste irá agravar o problema do abastecimento de água no Distrito Federal porque será construído em cima de uma área de recarga de aquíferos e mananciais que abastecem precisamente a bacia do Paranoá. O projeto prevê reduzir os efeitos da impermeabilização do solo no que hoje é uma área de mata nativa, mas o asfaltamento inevitavelmente impedirá a infiltração das chuvas e reduzirá a absorção de água pelos lençóis freáticos que abastecem o lago. Além disso, a pavimentação aumentará o volume das enxurradas, o que, Ibama e Ibram concordam, pode intensificar o processo de assoreamento dos cursos d’água locais.

O primeiro bairro verde do Brasil também será responsável pela derrubada de aproximadamente 150 mil árvores. O desflorestamento está previsto no licenciamento ambiental concedido à Terracap pelo Ibama. Em contrapartida, porém, a Companhia Imobiliária de Brasília terá que replantar 30 mudas para cada tronco decepado. Isso quer dizer que o governo terá que restituir o cerrado com 4,5 milhões de novas plantas, ao custo total de R$ 103 milhões. Esta é a exigência dos organismos ambientais, mas nem todos concordam com as compensações. “Isso é um exagero”, contesta Paulo Zimbres, arquiteto responsável pelo projeto do Noroeste. “Não existe mais espaço pra plantar tantas árvores. As áreas urbanizadas estão crescendo e o banco de árvores a serem plantadas está ficando gigantesco.”

O raciocínio de Paulo Zimbres reflete a linha de ação que tem sido historicamente adotada no Distrito Federal quando a expansão urbana se depara com as barreiras naturais do cerrado. Tanto o meio ambiente como o bem-estar da maioria da população têm permanecido em segundo plano frente aos interesses imobiliários. E a palavra de Lúcio Costa, elevado às alturas como o gênio por trás da construção de Brasília, tem sido invariavelmente utilizada para defender os interesses dessa expansão.

“Em Brasília transformaram o urbanista num mito e deram a ele o poder de deliberar sobre a criação da própria cidade, um poder que não existe em nenhum outro lugar. Mas, claro, a palavra de Lúcio Costa só vira lei na medida em que se adéqua aos interesses do mercado imobiliário”, afirma Frederico Flósculo, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB. “O pessoal tira do caderninho de Lúcio Costa apenas as frases que vão servir à especulação. E não se discute. É como se ele fosse um grande xamã urbano.”

Diante de tamanho imbróglio, o Ministério Público, baseado nas leis brasileiras e nos acordos internacionais que defendem o direito das populações indígenas, resolveu agir. Antes de aplicar a legislação, porém, seria necessário obter uma confirmação oficial de que os indígenas residentes no Santuário dos Pajés podem ser legalmente reconhecidos como uma comunidade tradicional. Para tanto, a procuradora Luciana Loureiro acionou a Fundação Nacional do Índio (Funai), cuja direção jamais se pronunciou publicamente sobre o caso. Aliás, pelo menos desde 1996 o órgão indigenista vem recebendo pedidos, muitos deles redigidos pelo próprio Santxiê Tapuya, para realizar um estudo antropológico que pudesse comprovar ou não a tradicionalidade da ocupação no Santuário dos Pajés. Alguns levantamentos prévios chegaram a ser realizados, mas nunca houve um relatório conclusivo. Aliás, a única conclusão a que se chegou foi a de que era necessário conduzir uma análise científica mais aprofundada sobre a presença dos fulni-ô no Plano Piloto.

A Procuradoria percebeu, então, que a única maneira de resolver o impasse era obrigar a Funai a se pronunciar sobre a questão. Se Santxiê e os demais índios que habitam o Bananal puderem ser oficialmente legitimados como herdeiros de um povo originário; se for confirmado que ocupam a terra de forma tradicional, segundo os costumes de suas etnias; e se ficar patente o fato de que repassam para as futuras gerações as características principais de sua cultura ancestral, como o idioma, os rituais sagrados e o conhecimento das ervas medicinais – então a Justiça deve reconhecê-los e protegê-los, dando início ao processo de demarcação da terra indígena. É o que diz a lei.

Por determinação dos tribunais brasilienses e com pelo menos vinte anos de atraso, o órgão governamental responsável por defender os direitos dos povos indígenas brasileiros está finalmente realizando as diligências antropológicas no Bananal. O trabalho dos peritos é esclarecer se a demanda dos índios é coletiva ou individual, quem são os indígenas que vivem na área, quando chegaram, de qual etnia são, quais vínculos que possuem com o território etc. As pesquisas são feitas a partir do uso de metodologias mundialmente consagradas, como os métodos da observação direta, genealógica e da história de vida dos índios.

O ano em que Brasília completa 50 anos é o mesmo que marca o centenário de nascimento do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), primeiro órgão indigenista criado pelo governo federal, que mais tarde seria extinto para dar origem à Funai. Brasília festeja seu cinquentenário no dia 21 de abril, dois dias depois que o calendário brasileiro comemora o Dia do Índio. Em 1997, entre uma data e outra, Galdino Jesus dos Santos, liderança do povo pataxó hã-hã-hãe da Bahia, foi queimado vivo por jovens brasilienses de classe-média enquanto dormia num ponto de ônibus a poucos metros da sede do órgão que deveria zelar por seu bem-estar.

Tantas efemérides me encontram no Santuário dos Pajés, acompanhado de Santxiê, que me mostra a clareira aberta por um buldózer dentro da terra indígena. A mesma determinação judicial que obrigou a Funai a realizar a diligência antropológica também proibiu a Terracap de trabalhar no terreno reivindicado pelos índios até que haja um posicionamento formal sobre o assunto. O resto da área está liberado para as obras de infraestrutura do novo bairro, e neste exato momento há máquinas desmatando, revirando o cerrado e ilhando os índios nos 50 hectares de preservação que reivindicam como terra sagrada.

Korubo aparece ao longe, conversando com uma pessoa de moto que ninguém ali sabe quem é. Não demora muito, vem a nosso encontro. Traz no rosto certo abatimento. “Acabei de levar um murro na cara”, lamenta, enquanto mostra o supercílio inchado e vermelho devido à pancada. “Eu estava dizendo pra aquele rapaz que aqui é uma área indígena, que não pode ficar entrando, e ele me bateu”. Korubo está nervoso, não sabe quem é ou de onde surgiu seu agressor e quer voltar lá acompanhado para tirar satisfações, mas Santxiê acaba por tranquilizá-lo.

A situação me constrange, e de pronto sinto que a pressão em cima do Santuário dos Pajés, diferente da raiva de Korubo, não vai se dissipar tão logo. Governo, imprensa, tratores e uma vizinhança que se aproveita do abandono do lugar estarão à espreita por tempo indeterminado. Sei que os indígenas, cautelosos, seguirão impedindo suas mulheres e crianças de circular sozinhas fora da reserva, e que os apartamentos milionários do Noroeste não deixarão de ser comercializados no requintado estande da Asa Norte.

Parece que é no vazio criado pela omissão das autoridades brasileiras que os indígenas do Bananal, herdeiros de uma luta de 510 anos, encontram forças para seguir resistindo. E é o silêncio ensurdecedor da Funai – ainda mais que os lobisomens de Brasília – que não deixa Korubo pregar os olhos na noite de aberrações do Planalto Central. –tadeu breda (cc)

Órfãos da mãe Brasília

Brasília completa 50 anos em abril comemorando o início das obras do primeiro bairro ecológico do país, cuja construção deverá derrubar 150 mil árvores nativas e desalojar a única comunidade indígena instalada tradicionalmente no cerrado do Distrito Federal

Por Tadeu Breda

Korubo gosta de construir suas casas em cima das árvores. Apurando a vista é possível identificar algumas delas escondidas entre os galhos retorcidos que se espalham pelo horizonte do cerrado. Uma ou duas ripas de madeira, presas com cordas ou pregos, servem de cama. Um pedaço de plástico eventualmente faz as vezes de teto. No alto, Korubo encontra refúgio seguro contra as surpresas da madrugada.

Ultimamente, no entanto, suas noites não têm sido das mais tranquilas. A altura o protege dos animais que perambulam pela escuridão, mas na verdade nem são os bichos da mata que deixam Korubo de orelha em pé.

Fico acordado até tarde para afugentar o lobisomem”, diz.

A mesma fogueira que cozinha nosso jantar também ilumina seu rosto. Korubo é um índio de cabelos ralos e longos, corpulento apesar de sua baixa estatura. A mistura de português com espanhol que sai de sua boca é fruto dos anos que viveu na Amazônia, numa região da floresta que não enxerga fronteiras entre o Brasil e o Peru. Nosso encontro, porém, se dá no Planalto Central, em noite de lua cheia. O céu está forrado de estrelas e o olhar de Korubo deixa transparecer que, pelo menos nestas paragens, a aparição da criatura que é lobo e homem ao mesmo tempo, ou homem lobo do homem, não está condicionada aos caprichos do calendário lunar.

O que perturba o sono de Korubo e dos demais índios que vivem na Terra Indígena do Bananal, localizada dentro do perímetro urbano da capital da República, é o avanço das obras que pretendem erguer exatamente ali, ao preço de R$ 8 mil o metro quadrado, o bairro mais moderno e ecologicamente correto que Brasília jamais viu em seus 50 anos de história.

Desde a década de noventa os dias e as noites dos índios que vivem em comunhão com a mãe-terra em pleno Plano Piloto são pontuados de ameaças e incertezas. A situação, no entanto, ficou mais tensa após a eleição de José Roberto Arruda para comandar o Distrito Federal, em 2006. Entre os projetos prioritários do novo governador estava a materialização de um empreendimento imobiliário idealizado há mais vinte anos e que até então não tinha saído do papel.

O motivo das rondas noturnas de Korubo para afastar o lobisomem tem suas raízes em 1987. Foi nesta época que Lúcio Costa, já octogenário, viajou a Brasília a convite do governo Aparecido de Oliveira e redigiu algumas observações sobre o crescimento da capital. O Distrito Federal estava prestes a completar três décadas de existência, e Lúcio Costa achou pertinente opinar sobre os rumos da cidade modernista que havia projetado em parceria com Oscar Niemeyer. Assim nasceu um documento intitulado Brasília Revisitada.

Entre muitas sugestões pensadas no sentido de não descaracterizar o projeto original, Lúcio Costa escreveu que o Plano Piloto, se necessário fosse, poderia expandir o alcance de seu concreto em direção a dois bairros ainda inexistentes. A eles deu o nome de Oeste Sul e Oeste Norte. O urbanista não deixou nenhum desenho que ilustrasse suas derradeiras ideias sobre a capital, mas, segundo seus escritos, as novas aglomerações residenciais deveriam se localizar em áreas contíguas às Asas Sul e Norte, como se fossem os elevadores – aquelas asinhas traseiras – do avião que se traveste de cidade quando se contempla Brasília do alto. Para os novos setores, Lúcio Costa previu quadras com edifícios de três pavimentos e superquadras com prédios de seis andares, deixando bem claro que a expansão urbana do Plano Piloto deveria “responder à demanda habitacional popular” e também à classe-média.

Brasília Revisitada traz ainda uma série de anotações que jamais encontrariam cabida no cotidiano da cidade. O desejo de Lúcio Costa era ver uma capital sem engarrafamentos e com um sistema público de transportes eficiente e moderno, mas basta ir a Brasília para perceber que a quantidade de veículos – aproximadamente um para cada dois habitantes – inviabiliza a fluidez do tráfego na hora do rush. Os ônibus em geral são antigos e transportam pouco mais de 14 milhões de passageiros ao mês. A orla do Lago Paranoá, que o urbanista idealizou para ser de livre acesso a todos, está tomada por condomínios de luxo e outras edificações irregulares que privatizaram boa parte da praia dos brasilienses. A intenção de promover um crescimento ordenado das chamadas cidades-satélites também se veria frustrada, assim como a noção de que Brasília não deveria nunca se transformar numa grande metrópole, como é atualmente, com 2,6 milhões de habitantes vivendo de serviços e burocracia.

Muito daquilo que Lúcio Costa pensou para aprimorar o funcionamento da capital não foi levado em consideração por nenhum dos sucessivos governos que em meio século passaram pelo Palácio do Buriti. O urbanista foi solene e especialmente ignorado nas recomendações de cunho social e coletivista que contemplassem a qualidade de vida da maior parcela da população, que hoje se concentra em cidades carentes dos serviços mais básicos, distantes dos postos de trabalho, com baixos índices de desenvolvimento humano e altas taxas de criminalidade. Cerca de 80% dos brasilienses vivem foram do Plano Piloto, que é onde estão 70% dos empregos.

O Estado não foi omisso, porém, na hora de construir o bairro Oeste Sul. Rebatizado como Sudoeste, o novo conjunto habitacional brotaria da lama durante a gestão de Joaquim Roriz, que viabilizou no local previsto por Lúcio Costa a construção de um setor residencial e um parque. Roriz, assim como outros governadores do Distrito Federal, também tentaria materializar o setor Oeste Norte, mas o bairro, agora chamado Noroeste, não deixaria o mundo das ideias até que José Roberto Arruda assumisse o governo, tendo como vice o megaempreendedor imobiliário Paulo Octavio, um dos homens mais ricos de Brasília, casado com a neta de Juscelino Kubitschek e autointitulado “herdeiro político” do fundador de Brasília.

Em janeiro de 2007, nada mais tomar posse, Arruda deu à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) a missão de implementar de uma vez por todas o bairro que faltava para concluir o Plano Piloto. Junto com a nova área, seguindo os moldes do Sudoeste, estava prevista a construção de um novo parque. O projeto já vinha sendo delineado desde o governo Cristovam Buarque (1995-1999) e aguardava apenas a vontade política do Executivo para se concretizar. Agora já não faltava nada.

O Noroeste pretende ser o primeiro bairro ecologicamente correto do Brasil. Para isso, vai ocupar com edificações apenas 313 de seus 821 hectares de área total. O resto será preenchido com muito muito verde. Terá 20 quadras residenciais e 24 quadras comerciais e foi projetado para oferecer moradias de alto padrão para cerca de 40 mil pessoas. Para reduzir os impactos ambientais, uma série de tecnologias inovadoras será adotada. Uma delas é o reaproveitamento da água das chuvas para regar os jardins e abastecer os lagos artificiais do Parque Burle Marx, contíguo às residências. Outro destaque é o aproveitamento máximo da energia solar.

No Noroeste será proibido utilizar chuveiro elétrico, que hoje em dia é o maior consumidor de energia principalmente em horário de pico”, explica o deputado federal Cássio Taniguchi, mentor ambiental do projeto. “Gostaríamos que o bairro fosse totalmente autossuficiente em energia. Por isso, o lixo orgânico será eventualmente utilizado para geração de eletricidade por meio da compostagem.”

Ainda em matéria de resíduos domésticos, haverá no Noroeste um sistema de coleta por sucção à vácuo que promete desaparecer com os caminhões de lixo e reduzir a zero a quantidade de detritos nas vias públicas. O bairro também terá uma rede de ciclovias e faixas exclusivas destinadas ao transporte coletivo para, quem sabe, reduzir a dependência do veículo particular.

O Plano Piloto foi projetado para abrigar 500 mil habitantes. Hoje abriga tão-somente 220 mil. Há vazios urbanos imensos aqui dentro”, continua Taniguchi. “Temos que adensar, mas não de qualquer jeito. A ocupação deve ser bem definida, bem estruturada e controlada. É disso que se trata.”

O diferencial ecológico, obviamente, faz parte da publicidade em torno do novo bairro. Todos os anúncios que se espalham pela sociedade brasiliense propagandeando o Noroeste levam invariavelmente a cor verde e outras menções diretas e indiretas à preservação dos ecossistemas no Planalto Central. Alguns folhetos trazem inclusive sementes de ipê amarelo, espécie típica do cerrado, junto com instruções para o plantio.

As previsões da Terracap apontam para a geração de 30 mil empregos diretos assim que for acionada a cadeia produtiva que viabilizará o novo bairro. Como se trata do maior e mais moderno empreendimento imobiliário do Brasil, o Noroeste irá necessitar dos serviços de profissionais tão díspares quanto engenheiros ambientais e operários da construção civil. Apenas a venda das projeções do setor residencial deve arrecadar R$ 3 bilhões aos cofres públicos. Outras estimativas dão conta de que ali está em gestação uma massa financeira de até R$ 11 bilhões em serviços imobiliários.

Se a gente comparar como foi o modelo de expansão do Distrito Federal, cujo histórico é de ocupação irregular, o Noroeste saiu muito à frente”, explica Hugo Américo, superintendente substituto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). “O bairro ainda está sendo implantado, mas já passou por uma análise prévia muito grande para tentar mitigar ao máximo os impactos ambientais. Se tudo for feito nos moldes do processo e nas condicionantes ambientais que foram colocadas, o Noroeste com certeza será dos bairros mais ecológicos do Brasil.”

Com todas as licenças ambientais outorgadas e algumas pendências jurídicas aprovadas, em dezembro de 2008 a Terracap conseguiu registrar em cartório a joia de sua coroa imobiliária. Um mês depois o governo do Distrito Federal lançou a pedra fundamental do novo setor e, sempre correndo contra o relógio, começou a trabalhar na licitação que venderia as projeções do Noroeste. Os primeiros 55 lotes foram arrematados no dia 29 de janeiro de 2009. Em apenas duas horas a Terracap faturou R$ 537 milhões, mais do que nos quatro anos do governo anterior.

Foi então que o lobisomem começou a visitar com mais frequência a Terra Indígena do Bananal, obrigando Korubo a trocar suas noites de sono no alto das árvores pela vigília madrugada adentro.

É verão e chove bastante no Distrito Federal. São pés d’água esparsos. Enquanto a chuva cai inclemente sobre uma parte da paisagem, o sol ilumina outra logo adiante. As nuvens parecem um regador que passeia sobre o firmamento molhando o cerrado como se fosse um jardim, pacientemente, uma parte de cada vez. O céu neste pedaço do Brasil, de tão grandioso, é capaz de abrigar nuvens carregadas que antecipam a noite e, ao mesmo tempo, azuis límpidos de um cor-de-rosa que enternece os entardeceres.

Com seus cabelos longos e grisalhos, colares no pescoço e shorts vermelho, o pajé Santxiê Tapuya, uma das lideranças da Terra Indígena do Bananal, conversa comigo debaixo de um abacateiro. Estou sentado sobre uma cadeira de plástico, ele, numa tora de madeira. Está sem camisa e pita sem parar um cachimbo recheado com fumo de corda, que intercala com goles de café. O chão vermelho é de terra batida. Famílias inteiras de galos, galinhas e pintinhos ciscam em busca de alimento, e um casal de filhotes caninos vez ou outra vem bulir conosco mordendo nossos pés descalços.

O homem que capitaneia a resistência indígena no Bananal contra as ambições imobiliárias do governo brasiliense tem 53 anos e nasceu numa aldeia que rodeia a cidade de Águas Belas, no sertão pernambucano. Santxiê é filho da etnia fulni-ô e faz questão de preservar as tradições do único povo ancestral do Nordeste que conseguiu manter vivo e ativo seu idioma. Apesar de todos no Bananal falarem e compreenderem o português, é recitando o verbo suave e ritmado do yathê – nossa fala – que o pajé se comunica com os seus.

É Santxiê quem me explica: os primeiros fulni-ô a se estabelecerem no Planalto Central durante século XX, assim como muitos outros brasileiros, vieram a Brasília dispostos a moldar, com muito concreto e suor, os edifícios de arquitetura arrojada desenhados por Oscar Niemeyer. Nos idos de 1958, o Planalto Central era o eldorado para homens e mulheres pobres que buscavam uma oportunidade para mudar de vida. Mais tarde ficariam conhecidos como “candangos”, e perderiam rapidamente o título de heróis nacionais para se transformarem em problema social quando resolveram permanecer em Brasília ao invés de retornarem para suas casas.

Entre os que vieram, trabalharam e ficaram, estavam os fulni-ô José Ribeiro, Elói Lúcio, José Carlos Veríssimo e Antônio Inácio Severo. Este último ficaria conhecido no canteiro de obras como Índio Juscelino. Entre os indígenas com quem assentava tijolos, porém, Antônio era chamado de Cacique Zumba. São três maneiras de chamar a mesma pessoa, a quem Santxiê, pelo grau de parentesco, também se refere como tio.

Uma das características mais importantes da cultura fulni-ô é a prática do Ouricuri, espécie de ritual sagrado que acontece tradicionalmente uma vez ao ano. Conforme o mês de agosto vai chegando ao fim, os indígenas se preparam para um período de dois meses de isolamento. Apenas autênticos filhos da aldeia alfabetizados no yathê podem participar dos festejos. Quem não é fulni-ô ou não fala o idioma está fora. Por isso, pouca coisa se sabe sobre os detalhes do ritual. O antropólogo mexicano Jorge Hernández Díaz estudou os costumes indígenas de Águas Belas na década de oitenta e, no atlas Povos Indígenas do Brasil, publicado pelo Instituto Socioambiental, dá alguns indícios de como os fulni-ô se comportam durante os meses sagrados. Dentro do Ouricuri, por exemplo, a tradição impede o consumo de bebidas alcoólicas, e não se toca nem se escuta outro tipo de música que não as canções próprias da cerimônia. A abstinência sexual é praticada em alguns momentos e, em outros, os índios se sentam para discutir os problemas da tribo e nomear lideranças.

Seja como for, foi procurando um espaço para praticar rituais sagrados que exigem isolamento que o Índio Juscelino e os demais fulni-ô teriam encontrado, dentro de Brasília, uma área de mata que estivesse afastada tanto dos canteiros de obra como das vilas operárias.

O antropólogo Rodrigo Nacif fala da existência de muitos relatos que atestam a história do Cacique Zumba contada por Santxiê. Um deles partiu da boca do arquiteto brasiliense Carlos Guimarães, braço direito de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que supervisionava as obras durante a construção da capital. “Ele confirmou que os trabalhadores comentavam sobre o hábito dos índios de se ausentarem para praticar seus rituais em algum lugar do cerrado”, relata Nacif.

Santxiê não tem a menor dúvida de que o local encontrado pelo Índio Juscelino e outros parentes de Águas Belas para praticar sua espiritualidade dentro do Distrito Federal é o mesmo onde ele agora vive. Por isso mesmo resolveu mudar o nome do lugar, de Terra Indígena do Bananal, para Terra Indígena Santuário dos Pajés.

Eles já sabiam que se tratava de uma terra sagrada”, confirma, comentando que muito perto dali existem cemitérios ancestrais e outros indícios de ocupação imemorial.

Santxiê atesta que o avanço dos bandeirantes pelo interior do Brasil, assassinando e expulsando os índios das regiões mais próximas da costa atlântica, fez com que uma infinidade de povos nativos se instalassem no Planalto Central. Rabiscando o chão com um graveto, o pajé argumenta ainda que a região era cruzada por um rota tradicional de migração indígena. Tudo isso, segundo ele, estaria relacionado direta ou indiretamente ao povo do qual descende, fulni-ô, os últimos tapuias.

Obviamente, com um projeto bilionário nas mãos, a Terracap não acredita em um pingo sequer dessa história. Mais que isso, o governo do Distrito Federal tem sua própria versão sobre a presença dos índios no Bananal. E o raciocínio oficial é simples: toda a extensão do Noroeste pertence legalmente à Terracap. É o que dizem as escrituras e os registros em cartório. Como a Terracap está ligada à administração distrital, é plausível argumentar que o Santuário dos Pajés está localizado numa propriedade do Estado. Logo, na visão da Companhia Imobiliária de Brasília, os indígenas que vivem ali são invasores de terras públicas. “Sem lugar para morar, eles acabaram ocupando a área onde atualmente se encontram. Para todos os brasilienses foi uma grande surpresa saber que em Brasília havia tribos e que esses índios viviam embrenhados no Noroeste”, diz Pelágio Gondim, assessor de imprensa da companhia.

Aqui começa uma batalha ideológica travada pelo governo em conluio com o maior diário do Distrito Federal, o Correio Braziliense, com o objetivo de conquistar os corações e as mentes da opinião pública contra a permanência dos indígenas no Bananal e a favor da construção do primeiro bairro ecológico do Brasil.

Além de Santxiê, Korubo e os cerca de dez índios que vivem e resistem no Santuário dos Pajés, há um outro agrupamento no local. A população varia conforme a época do ano, as visitas à terra natal e os imperativos espirituais. Ivanice Tononé, da etnia kariri-xokó, é quem responde pelos demais indígenas que habitam o Noroeste. As circunstâncias que a levaram a Brasília e, mais especificamente, até o Bananal são um pouco diferentes das que trouxeram Santxiê.

O pajé chegou definitivamente por volta de 1976, com a intenção de se juntar aos familiares que já residiam na área. Desde a década de sessenta, no entanto, Santxiê vinha regularmente para visitar a mãe, dona Maria Veríssimo Machado, que também havia se deslocado a Brasília devido à presença dos parentes.

A região de Águas Belas, terra originária dos fulni-ô, se localiza na porção pernambucana do chamado Polígono das Secas. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o Polígono das Secas é definido como “um território sujeito a períodos críticos de prolongada estiagem”. Abrange oito estados do semi-árido nordestino e frequentemente ganha o noticiário de tragédias brasileiras por casos de desnutrição e falta d’água. Santxiê veio para o Planalto Central, ele mesmo diz, fugido da pobreza e de condições de trabalho indignas.

Teve uma fome muito grande lá, uma miséria, uma epidemia de cólera”, lembra. O pajé ainda passaria uma temporada no Rio de Janeiro antes de retornar a Brasília e se fixar de vez no Bananal.

Já Ivanice chegou à capital em busca de atendimento médico e acabou ficando. É original do município alagoano de Porto Real do Colégio, localizado às margens do rio São Francisco, na divisa com Sergipe. É lá que vivem os cerca de 1,7 mil remanescentes da etnia kariri-xokó, que infelizmente perderam sua língua nativa devido ao contato com o colonizador.

Os kariri-xokó representam, na realidade, o que resta da fusão de vários grupos tribais depois de séculos de aldeamento e catequese. Seu cotidiano é muito semelhante ao das populações rurais de baixa renda que vendem sua força de trabalho nas diferentes atividades agropecuárias da região”, escreve a antropóloga Vera Lúcia da Mata, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Contudo, pode-se dizer que é um grupo que tem sua indianidade preservada pela manutenção do ritual do Ouricuri.”

Segundo o atlas Povos Indígenas do Brasil, assim como acontece entre os fulni-ô de Pernambuco, os kariri-xokó de Alagoas não revelam detalhes de seu ritual sagrado. Sabe-se, entretanto, que são cerimônias distintas.

Ivanice conta que foi Santxiê quem a ajudou nos primeiros meses de Brasília, quando não tinha onde ficar. Isso foi em 1986. “Depois eu fiz as casas, as ocas e criei meus filhos. Trouxe minha família pra cá e fiquei morando com meu povo. O tempo foi passando e ninguém nem sabia que a gente morava aqui”, explica. Ivanice diz que com ela vivem oito famílias, a maioria indígena, mas nem todos. “Tem índio que é casado com branca e branco que é casado com índia. É gente branca que atrapalha a nossa história, porque fica metendo a colher onde não é chamada.”

Talvez tenha sido o que Ivanice Tononé chama de “influência branca” o que a tenha afastado de Santxiê. Ao longo do tempo, tanto os fulni-ô como os kariri-xokó residentes no Bananal utilizaram o Santuário dos Pajés como espaço para realizar danças e rituais sagrados, conjunta ou isoladamente. No entanto, a pressão da Terracap pela desapropriação da área acabou dividindo a comunidade. Em 2007, quando as movimentações em torno do Setor Noroeste ganharam corpo e a construção do novo bairro parecia iminente, houve um racha entre os índios que não queriam sair em hipótese alguma e os que aceitavam ser removidos mediante o atendimento de algumas exigências.

Ao ser colocado contra a parede, Santxiê bateu o pé e quis ficar. Era a única alternativa para defender uma área que considera sagrada. Mas Tononé, orientada por um advogado particular, se dispôs a sair em troca de uma indenização: a kariri-xokó procuraria outro lugar para morar caso a Terracap pagasse 10% do valor que estava sendo negociado pelo Bananal no mercado imobiliário. Como na época a propriedade era avaliada em R$ 740 milhões, o grupo liderado por Ivanice exigiu uma quantia de R$ 74 milhões para entrar num acordo.

A Terracap, obviamente, recusou a proposta”, explica Pelágio Gondim. Não apenas recusou, como utilizou a atitude de Ivanice para manipular as informações sobre a resistência indígena e arremeter contra a comunidade do Bananal.

Ivanice Tononé certamente não tinha noção da campanha midiática que seu pedido de compensação financeira iria desencadear. Santxiê talvez sim tivesse, e por isso resolveu se afastar da ex-companheira, refugiando-se no Santuário dos Pajés com seus parentes mais próximos e adotando uma postura pautada pela defesa intransigente da cultura indígena e dos modos tradicionais de vida.

O papel do Santuário no Bananal é revitalizar”, define o fulni-ô. “É uma ocupação permanente, com hábito, costume e tradição viva, agregando o saber dos outros povos e transmitindo conhecimento ancestral.”

Na entrada do Santuário dos Pajés é possível ver flamulando as bandeiras azuis-claras da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entidades cujos estatutos reconhecem o direito consagrado dos povos indígenas a territórios que ocupam de maneira tradicional. A casa de Santxiê está repleta de recortes que transcrevem trechos da Lei Federal 6.001/73, cujo texto garante ao índio a propriedade plena de áreas inferiores a 50 hectares das quais faz uso tradicional há mais de dez anos consecutivos. É exatamente o caso do Santuário. Placas de advertência na estrada que liga a cidade à terra indígena também fazem referência ao artigo 231 da Constituição. Entre seus muitos parágrafos, podemos citar o que diz:

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Santxiê e seus parentes do Santuário dos Pajés se aferram à legislação e aos direitos constitucionais para lutar contra o grande capital especulador personificado pela Terracap. Talvez por isso jamais tenham sido entrevistados pelos veículos de comunicação de massa que vêm publicando notícias sobre o Setor Noroeste e o impasse causado pela presença indígena.

O caso do Correio Braziliense ilustra bastante bem a questão. O jornalista Alan Schvarsberg apresentou à Universidade de Brasília (UnB) um levantamento da cobertura realizada sobre a construção do novo bairro entre março de 2008 e março de 2009. Nesse período foram publicadas 38 matérias relativas ao tema no caderno Cidades, que circula diariamente no Correio. A redação ouviu 18 pessoas para produzir todas as matérias que veiculou durante um ano sobre o Noroeste. Apesar de a questão indígena ter sido mencionada em 31 das 38 reportagens, os indígenas do Bananal só foram ouvidos em três ocasiões. E apenas dois deles foram consultados: Ivanice e Mareval, justamente os membros do grupo que havia aceitado liberar a área mediante pagamento de uma indenização milionária. O jornal chegou a publicar fotos de Santxiê e do Santuário dos Pajés para ilustrar as reportagens, mas nem ele nem qualquer outro índio que se recusa a deixar o território jamais foram ouvidos como fonte no período estudado por Schvarsberg.

Muitos menos explicou-se que ali os fulni-ô preservam sua língua e seus conhecimentos tradicionais, e que possuem um templo sagrado denominado Hendjadwália Ehty, a casa de deus construída em superadobe, cuja abertura no teto conectar os índios com o sol, a lua e as estrelas. O Correio Braziliense também se recusou a citar que os índios do Santuário dos Pajés promovem constantemente o reflorestamento de locais devastados dentro e fora de seu território. Não disse que cultivam ervas medicinais no Herbário Fitoterápico ou que o trabalho com as espécies vegetais do cerrado já rendera a Santxiê o Prêmio de Culturas Indígenas Xicão Xukuru, atribuído pelo Ministério da Cultura em 2007. Tampouco foi mencionado que o local recebe a visita de estudantes e universitários em busca de um contato real com as tradições indígenas, nem que serve de ponto de encontro entre lideranças tribais do Brasil e do exterior que eventualmente passam por Brasília em suas andanças políticas. Principalmente não foi dito que o Santuário dos Pajés é o único espaço existente na capital da República para a prática da cosmovisão indígena segundo os costumes tradicionais dos primeiros habitantes do país.

Coincidência ou não, no mesmo intervalo de tempo em que foram publicadas essas matérias, a seção Cidades do Correio Braziliense trouxe 94 anúncios imobiliários, muito deles estampados nas mesmas páginas que trouxeram notícias favoráveis à construção do Setor Noroeste e contrárias à presença indígena. Apenas quatro dessas peças publicitárias não traziam o selo da Pau1OOctavio, empresa do então vice-governador do Distrito Federal e uma das maiores entusiastas do Noroeste. Segundo Schvarsberg, as propagandas renderam mais de R$ 2 milhões ao Correio Braziliense.

Pau1OOctavio é a marca que luze bem grande junto à da construtora Rossi no imenso estande de vendas do Noroeste, um palácio erguido na Asa Norte de Brasília para catapultar a comercialização dos lotes. Ali estão em exibição as plantas e desenhos em três dimensões dos produtos imobiliários da linha Persona, sofisticados apartamentos de dois, três e quatro dormitórios localizados no mais novo bairro da cidade. São habitações de 76 a 556 metros quadrados, com direito a piscina, salão de festas, academia, sauna, espaço relax e um exclusivo espaço gourmet, tudo do melhor e mais moderno que o mercado pode oferecer em termos de moradia de alta classe.

A porta do estande se abre automaticamente ao visitante. Na recepção, um trio de mulheres bonitas, maquiadas e vestidas de preto, atende os compradores em potencial. Pedem nome e telefone e só então designam o interessado a um corretor de plantão. Apesar de nem minha roupa nem minha aparência combinarem com a sofisticação do recinto, fui bem atendido pelo funcionário que se dispôs a me mostrar as benesses do Noroeste. Entre suco, água, chá e café, escolhi este último e ouvi atentamente as vantagens de se morar no primeiro bairro ecologicamente correto do Brasil.

O preço é salgado, o corretor concorda, mas em seguida lista uma série de facilidades de pagamento que a Pau1OOctavio oferece à clientela. Um apartamento de dois quartos, com 78 metros quadrados e duas vagas na garagem, não sai por menos de R$ 750 mil. Já os de três dormitórios e 103 metros quadrados, também com duas vagas, têm um custo de R$ 997 mil. Residências com quatro quartos ultrapassam os R$ 2 milhões, tudo devidamente parcelado. Isso sem contar as coberturas dúplex com 556 metros quadrados. A entrega das chaves está prevista para 2012.

Pergunto ao corretor sobre a presença de índios no local. Afinal, adquirir um apartamento no Noroeste demanda um investimento pesado até para o bolso dos cidadãos mais remediados e, convenhamos, eu preciso ter alguma garantia de que meu dinheiro não vai se perder em meio a decisões judiciais favoráveis a um bando de invasores de terra.

Os índios já foram retirados de lá”, me garante o funcionário da Pau1OOctavio. Claro, ele não fazia a menor ideia de que eu já havia visitado o Santuário dos Pajés e visto com meus próprios olhos que os indígenas seguem firmes na resistência.

É mesmo?”, pergunto.

Sim, houve alguns problemas, mas já foi tudo solucionado”, diz, procurando me tranquilizar. “Tanto que os imóveis já estão inclusive sendo vendidos.”

Mas, vem cá”, insisto. O volume de minha voz vai diminuindo até se transformar num sussurro. “O Paulo Octavio que acabou de renunciar ao governo do Distrito Federal não é o mesmo Pau1OOctavio que está vendendo os apartamentos?”

O corretor responde afirmativamente, mas jura de pé junto que não haverá qualquer problema com o empreendimento. “Uma coisa é política, outra coisa é engenharia”, conclui.

Paulo Octavio, todo brasiliense sabe quem é. Carinhosa ou ironicamente chamado de PO, é de domínio público que sua fortuna saiu do mercado imobiliário e que seu nome domina o negócio da construção civil na capital do país. No último mês de fevereiro, Paulo Octavio unificou numa só pessoa o poder econômico e político do Distrito Federal ao assumir o governo. Infelizmente para ele, as circunstâncias não eram das melhores. PO teve que substituir José Roberto Arruda, que acabara de ser detido pela Polícia Federal após uma câmera escondida ter gravado seus assessores distribuindo maços de dinheiro a deputados distritais. O episódio ficou conhecido como “mensalão do DEM” e culminaria na renúncia de boa parte do primeiro escalão do governo. Alegando falta de apoio político de seu partido e de seus ex-aliados, Paulo Octavio, poucos dias depois de assumir o Palácio do Buriti, também achou melhor debandar.

Por isso, muita gente acredita que cedo ou tarde os laços entre o escândalo das propinas e o negócio imobiliário – Setor Noroeste incluído – serão desvendados. Além de Paulo Octavio, que tem nítidos interesses no novo bairro, Cássio Taniguchi e Antônio Gomes também pediram demissão após o estouro das denúncias. Eles comandavam, respectivamente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) e a Terracap. Para engrossar o lamaçal, a votação que aprovou na Câmara Legislativa o Plano Diretor do Ordenamento Territorial (PDOT) pode ter sido influenciada pelo pagamento de propinas. A normativa define onde se pode e onde não se pode construir dentro de Brasília e interessa sobremaneira às empreiteiras que estão investindo pesado no Noroeste e outros empreendimentos.

Nós sabemos que o voto da base de governo para a aprovação do PDOT foi municiado com recursos públicos na forma de propina”, testifica a deputada distrital Érika Kokay, do PT. “O que nós estamos vivendo aqui é uma absurdidade, é surreal. Se construiu uma realidade fantasiosa e se vendeu essa realidade como se fosse verdadeira para alimentar a destruição de Brasília.”

A fantasia a que se refere a deputada diz respeito ao mal uso que o setor imobiliário faz do déficit habitacional de Brasília. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério das Cidades, a carência de imóveis no Distrito Federal em 2007 estava na casa dos 107 mil domicílios, sendo que a parcela da população que ganha até três salários mínimos mensais responde por 84% do problema. Logo, esperava-se que o governo promovesse empreendimentos que atendessem aos cidadãos mais atingidos pela falta de moradia. No entanto, o novo setor residencial de Brasília está dirigido à elite mais pudente da capital, que, por sua vez, contabiliza um déficit habitacional de somente 3,2%.

Quem é contrário ao Noroeste acredita que a construção de um bairro autoproclamado ecológico em cima da única área que resta de cerrado dentro do Plano Piloto, e ainda por cima atropelando direitos indígenas, é a continuação da política de favorecimento que desde sempre dominou a vida pública do Distrito Federal e que desembocou agora, no ano do cinquentenário, com um governador literalmente atrás das grades. “É um atentado à inteligência”, conclui Érika Kokay.

É verdade que o empreendimento recebeu do Ibama tanto a licença prévia como a licença de instalação do projeto. No entanto, historicamente a relação de Brasília com a natureza não tem sido das melhores. Desde que foi construída, a capital da República só tem feito devastar o cerrado em benefício da expansão populacional. A destruição se traduz em números. Em 1973, por exemplo, o concreto cobria 122 quilômetros quadrados do Distrito Federal. Trinta anos depois, a urbe praticamente quadruplicaria seu alcance a 439 quilômetros quadrados. A ocupação do território, via de regra desordenada e irregular numa cidade reconhecida pela excelência de seu planejamento urbanístico, causou uma série de problemas estruturais que apenas agora está mostrando sua face.

Hoje temos uma situação de abastecimento de água muito complicada”, explica Gustavo Souto Maior, presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), autarquia ligada ao governo do Distrito Federal. “Estamos produzindo a mesma quantidade de água que consumimos, e a alternativa futura que teríamos era justamente a barragem de São Bartolomeu, que já não pode ser construída devido à ocupação imobiliária irregular.” Souto Maior explica que a opção que está se concretizando entre as autoridades, a última delas, é o Lago Paranoá.

Por mais ecologicamente correto que seja, e por mais que viabilize a expansão de Brasília dentro de padrões ambientais aceitáveis, o Noroeste irá agravar o problema do abastecimento de água no Distrito Federal porque será construído em cima de uma área de recarga de aquíferos e mananciais que abastecem precisamente a bacia do Paranoá. O projeto prevê reduzir os efeitos da impermeabilização do solo no que hoje é uma área de mata nativa, mas o asfaltamento inevitavelmente impedirá a infiltração das chuvas e reduzirá a absorção de água pelos lençóis freáticos que abastecem o lago. Além disso, a pavimentação aumentará o volume das enxurradas, o que, Ibama e Ibram concordam, pode intensificar o processo de assoreamento dos cursos d’água locais.

O primeiro bairro verde do Brasil também será responsável pela derrubada de aproximadamente 150 mil árvores. O desflorestamento está previsto no licenciamento ambiental concedido à Terracap pelo Ibama. Em contrapartida, porém, a Companhia Imobiliária de Brasília terá que replantar 30 mudas para cada tronco decepado. Isso quer dizer que o governo terá que restituir o cerrado com 4,5 milhões de novas plantas, ao custo total de R$ 103 milhões. Esta é a exigência dos organismos ambientais, mas nem todos concordam com as compensações. “Isso é um exagero”, contesta Paulo Zimbres, arquiteto responsável pelo projeto do Noroeste. “Não existe mais espaço pra plantar tantas árvores. As áreas urbanizadas estão crescendo e o banco de árvores a serem plantadas está ficando gigantesco.”

O raciocínio de Paulo Zimbres reflete a linha de ação que tem sido historicamente adotada no Distrito Federal quando a expansão urbana se depara com as barreiras naturais do cerrado. Tanto o meio ambiente como o bem-estar da maioria da população têm permanecido em segundo plano frente aos interesses imobiliários. E a palavra de Lúcio Costa, elevado às alturas como o gênio por trás da construção de Brasília, tem sido invariavelmente utilizada para defender os interesses dessa expansão.

Em Brasília transformaram o urbanista num mito e deram a ele o poder de deliberar sobre a criação da própria cidade, um poder que não existe em nenhum outro lugar. Mas, claro, a palavra de Lúcio Costa só vira lei na medida em que se adéqua aos interesses do mercado imobiliário”, afirma Frederico Flósculo, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB. “O pessoal tira do caderninho de Lúcio Costa apenas as frases que vão servir à especulação. E não se discute. É como se ele fosse um grande xamã urbano.”

Diante de tamanho imbróglio, o Ministério Público, baseado nas leis brasileiras e nos acordos internacionais que defendem o direito das populações indígenas, resolveu agir. Antes de aplicar a legislação, porém, seria necessário obter uma confirmação oficial de que os indígenas residentes no Santuário dos Pajés podem ser legalmente reconhecidos como uma comunidade tradicional. Para tanto, a procuradora Luciana Loureiro acionou a Fundação Nacional do Índio (Funai), cuja direção jamais se pronunciou publicamente sobre o caso. Aliás, pelo menos desde 1996 o órgão indigenista vem recebendo pedidos, muitos deles redigidos pelo próprio Santxiê Tapuya, para realizar um estudo antropológico que pudesse comprovar ou não a tradicionalidade da ocupação no Santuário dos Pajés. Alguns levantamentos prévios chegaram a ser realizados, mas nunca houve um relatório conclusivo. Aliás, a única conclusão a que se chegou foi a de que era necessário conduzir uma análise científica mais aprofundada sobre a presença dos fulni-ô no Plano Piloto.

A Procuradoria percebeu, então, que a única maneira de resolver o impasse era obrigar a Funai a se pronunciar sobre a questão. Se Santxiê e os demais índios que habitam o Bananal puderem ser oficialmente legitimados como herdeiros de um povo originário; se for confirmado que ocupam a terra de forma tradicional, segundo os costumes de suas etnias; e se ficar patente o fato de que repassam para as futuras gerações as características principais de sua cultura ancestral, como o idioma, os rituais sagrados e o conhecimento das ervas medicinais – então a Justiça deve reconhecê-los e protegê-los, dando início ao processo de demarcação da terra indígena. É o que diz a lei.

Por determinação dos tribunais brasilienses e com pelo menos vinte anos de atraso, o órgão governamental responsável por defender os direitos dos povos indígenas brasileiros está finalmente realizando as diligências antropológicas no Bananal. O trabalho dos peritos é esclarecer se a demanda dos índios é coletiva ou individual, quem são os indígenas que vivem na área, quando chegaram, de qual etnia são, quais vínculos que possuem com o território etc. As pesquisas são feitas a partir do uso de metodologias mundialmente consagradas, como os métodos da observação direta, genealógica e da história de vida dos índios.

O ano em que Brasília completa 50 anos é o mesmo que marca o centenário de nascimento do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), primeiro órgão indigenista criado pelo governo federal, que mais tarde seria extinto para dar origem à Funai. Brasília festeja seu cinquentenário no dia 21 de abril, dois dias depois que o calendário brasileiro comemora o Dia do Índio. Em 1997, entre uma data e outra, Galdino Jesus dos Santos, liderança do povo pataxó hã-hã-hãe da Bahia, foi queimado vivo por jovens brasilienses de classe-média enquanto dormia num ponto de ônibus a poucos metros da sede do órgão que deveria zelar por seu bem-estar.

Tantas efemérides me encontram no Santuário dos Pajés, acompanhado de Santxiê, que me mostra a clareira aberta por um buldózer dentro da terra indígena. A mesma determinação judicial que obrigou a Funai a realizar a diligência antropológica também proibiu a Terracap de trabalhar no terreno reivindicado pelos índios até que haja um posicionamento formal sobre o assunto. O resto da área está liberado para as obras de infraestrutura do novo bairro, e neste exato momento há máquinas desmatando, revirando o cerrado e ilhando os índios nos 50 hectares de preservação que reivindicam como terra sagrada.

Korubo aparece ao longe, conversando com uma pessoa de moto que ninguém ali sabe quem é. Não demora muito, vem a nosso encontro. Traz no rosto certo abatimento. “Acabei de levar um murro na cara”, lamenta, enquanto mostra o supercílio inchado e vermelho devido à pancada. “Eu estava dizendo pra aquele rapaz que aqui é uma área indígena, que não pode ficar entrando, e ele me bateu”. Korubo está nervoso, não sabe quem é ou de onde surgiu seu agressor e quer voltar lá acompanhado para tirar satisfações, mas Santxiê acaba por tranquilizá-lo.

A situação me constrange, e de pronto sinto que a pressão em cima do Santuário dos Pajés vai continuar. Governo, imprensa, tratores, empreiteiras e uma vizinhança que se aproveita do abandono do lugar para praticar atos suspeitos estarão à espreita. Sei que os indígenas seguirão impedindo suas mulheres e crianças de circular sozinhas fora da reserva e que os apartamentos milionários do Noroeste tão cedo não deixarão de ser comercializados no requintado estande da Asa Norte. Também sei que a resistência indígena, como nos últimos 510 anos, seguirá firme em seus princípios.

Mas o que mais me incomoda é perceber que eu estava enganado, e que na verdade é o silêncio ensurdecedor da Funai – ainda mais do que os lobisomens de Brasília – que não deixa Korubo pregar os olhos na noite repleta de aberrações do Planalto Central.

A situação me constrange, e de pronto sinto que a pressão em cima do Santuário dos Pajés, diferente da raiva de Korubo, não vai se dissipar tão logo. Governo, imprensa, tratores e uma vizinhança que se aproveita do abandono do lugar estarão à espreita por tempo indeterminado. Sei que os indígenas, cautelosos, seguirão impedindo suas mulheres e crianças de circular sozinhas fora da reserva, e que os apartamentos milionários do Noroeste não deixarão de ser comercializados no requintado estande da Asa Norte.

Parece que é no vazio criado pela omissão das autoridades brasileiras que os indígenas do Bananal, herdeiros de uma luta de 510 anos, encontram forças para seguir resistindo. E é o silêncio ensurdecedor da Funai – ainda mais que os lobisomens de Brasília – que não deixa Korubo pregar os olhos na noite de aberrações do Planalto Central.

lula e o mundo em transformação

29/03/2010 § Deixe um comentário

O novo posicionamento brasileiro na diplomacia global — com destaque para o envolvimento do Itamaraty nas questões iraniana e palestina — não é gratuito. Pelo contrário, nasce de uma mudança de patamar político e econômico do país no cenário internacional.

Durante o governo Lula a imagem do Brasil no exterior só fez crescer. É verdade que ainda ostentamos uma pobreza avultante, somos agredidos diariamente pela desigualdade e padecemos de um caso crônico de corrupção. Porém nossos índices sociais têm melhorado e, de acordo com as estatísticas, somos agora menos subdesenvolvidos que outrora.

O mercado interno, graças ao Bolsa Família e aos sucessivos reajustes do salário mínimo, é mais pujante. Isso faz com que o país consuma mais, tanto seus próprios produtos quanto os importados. Como a relevância internacional de uma economia está em sua capacidade de consumir, o Brasil ficou mais importante. Não tanto como a China e ainda longe dos padrões estadunidenses ou europeus, mas na América do Sul não há ninguém que o iguale em poder de compra.

Some-se a isso seu tamanho continental, a ausência de problemas territoriais, a uniformidade do idioma e uma jovem mas estável tradição democrática que desde a saída dos militares não tem registrado oficialmente golpes de estado ou fraudes eleitorais… e voilá! Eis o país do futuro transformado em presente aos olhos do mundo.

Não há dúvidas de que a figura de Lula tem contribuído – e muito – com esse novo status brasileiro. O já desgastado clichê do ex-operário que virou presidente arrebatou o coração dos líderes internacionais, e sua preferência por estabelecer e fortalecer relações com os países do Sul ajudou a amortiguar a hegemonia do Norte sobre o globo terrestre.

A correlação de forças internacionais está mudando.

O mundo voltou a ser genuinamente multipolar e o Brasil busca seu naco na redistribuição das zonas de influência que neste exato momento é negociada nos salões secretos do poder.

No passado foram necessárias duas guerras mundiais para que os novos donos do mundo desbancassem os velhos. Os Estados Unidos superaram a Inglaterra após a dupla derrota de alemães e italianos na primeira metade do século 20. Alguns séculos antes, Espanha e Portugal perderam a hegemonia depois que os britânicos conseguiram frear a volúpia expansionista de Napoleão Bonaparte sobre a Europa. A última transição se deu, sem conflitos de grande escala, com a queda do muro que dividia Berlim em metades capitalistas e socialistas.

Agora se lavra um novo processo de transferência de mando. Os norte-americanos, que reinaram absolutos até os estertores do século passado, passaram a colher reveses simbólicos e econômicos por todos os lados. E, em boa parte, foram eles mesmos os culpados pela perda progressiva de hegemonia.

Na América Latina, por exemplo, a influência dos Estados Unidos começou a arrefecer após o fracasso da ALCA e a queda das Torres Gêmeas. A Casa Branca, então, concentrou suas atenções nas bilionárias campanhas militares para derrubar Saddam Hussein e os talebãs. Tamanho esforço de guerra no Iraque e no Afeganistão naturalmente afastou o Tio Sam de seu quintalzinho geopolítico, abrindo espaço para que, pela primeira vez na história, partidos e candidatos anti-imperialistas assumissem o governo em vários países da região. Foi o “renascimento da esquerda” latino-americana, da qual Lula faz parte.

A Ásia também se transformou em outro foco de dissenso para os Estados Unidos. O governo japonês, aliado incondicional das políticas ianques desde Hiroshima e Nagasaki, agora trabalha para desalojar a base militar que Washington mantém na ilha de Okinawa. A Geórgia colheu duros reveses ao tentar se desvencilhar da influência russa recorrendo a expedientes pró-estadunidenses: foi invadida por Moscou e perdeu parte de seu território na guerra geograficamente mais próxima da Europa neste alvorecer de século. O quadro asiático se completa com a China, que arrebatou dos Estados Unidos o título de maior poluidora da atmosfera e de quebra também levou títulos de sua dívida pública – a maior do mundo.

O signo mais expressivo de que as coisas estão mudando na geopolítica global, porém, parece ter sido a última grande crise econômica. Nascida e criada nos países desenvolvidos, a debacle das bolsas e dos bancos trouxe consigo a certeza de que o mercado não é um deus – e muito menos um deus autorregulável. Caiu por terra a ideologia neoliberal de que o estado é um entrave ao desenvolvimento, porque não fosse o estado e suas reservas financeiras hoje haveria legiões de executivos tomando sopão noturno e pedindo esmola nas esquinas de Nova York.

Curiosamente, os países emergentes desta vez sofreram menos do que os desenvolvidos. Os índices de desemprego falam por si. E o que mitigou os efeitos da crise no Brasil foi exatamente um mercado interno mais robusto e menos vulnerável ao humor dos compradores externos. Continuamos extremamente dependentes da exportação, claro, mas hoje menos que antes. Logo, nossa economia tem mais peso. Logo, podemos apitar mais sobre os rumos do mundo.

Por isso o Itamaraty ampliou seu leque de ações, antes restrito à América do Sul, e briga por um espaço no diálogo internacional sobre a proliferação nuclear no Irã e nas negociações de paz na Palestina. É fato que a influência diplomática de um país em última análise depende do poder de fogo militar e econômico que pode colocar em cima da mesa. “A guerra é uma extensão da política”, dizia um teórico.

Em relação ao Oriente Médio, o Brasil não tem peso relevante no que se refere a capacidade bélica ou financeira. Mas, no caso da questão Israel-Palestina, isso é bom. Estados Unidos, Europa e a Liga Árabe não podem ser considerados atores neutros nas negociações de paz. Cada um deles carrega interesses bem demarcados que extrapolam o mero desejo pacifista de acabar com a matança entre judeus e muçulmanos. Uns são pró-semitas, outros são anti-semitas, uns estão de olho na venda de armas, outros nas vantagens econômicas, enfim.

O Brasil a rigor está interessado apenas na paz entre israelenses e palestinos. Por quê? Porque sim, oras. A guerra que se arrasta desde a fundação do estado de Israel é um dos principais focos de instabilidade militar em todo o mundo, ninho de intolerância e racismo que não raro desembocam em massacres e ataques suicidas. A diplomacia brasileira é favorável à criação de um estado palestino porque é em sua inexistência que fervilha tanto ódio.

Ambos os lados da contenda têm motivos para acreditar que o Brasil tem interesses legítimos no fim das hostilidades. O máximo de proveito próprio que poderíamos tirar de uma eventual paz intermediada pelo Itamaraty seria capitalizá-la a nosso favor na hora de galgar posições mais privilegiadas no concerto das nações. Se o Brasil de fato ajudar na construção da paz, será uma reivindicação mais que merecida.

No caso do Irã o raciocínio é semelhante. Deve ser complicado para Mahmoud Ahmadinejad ouvir Estados Unidos, Rússia, China e França, todos eles detentores de bombas atômicas, dizendo que os iranianos não podem desenvolver tecnologia nuclear nem mesmo para fins civis.

Já a voz do Brasil é mais coerente. Primeiro, porque não se trata de uma potência nuclear, não tem armas atômicas e há muito tempo não entra em guerra com ninguém. Depois, porque tem conseguido enriquecer urânio para geração de energia e outros objetivos que passam a quilômetros de distância da agressão militar.

Portanto, é um interlocutor qualificado, que tem moral para dizer ao Irã que não se deve construir artefatos bélicos com tecnologia nuclear e também para mostrar ao mundo que sim é possível dominar o ciclo do urânio respeitando os tratados internacionais e sem descambar para a violência.

Tanto nos diálogos com o Irã como nas negociações entre israelenses e palestinos, o Brasil desempenha um papel simbólico. Não no sentido de que sua presença é ineficaz ou que sua voz não será ouvida, mas porque, além de encarnar um exemplo, carrega consigo alguns valores que confirmam esse exemplo.

Nem só de porrete se faz política externa. O mundo está cansado de hipocrisia, e os valores defendidos pela diplomacia brasileira estão todos eles expostos nas declarações que as Nações Unidas foram ratificando desde sua criação. É por isso que Lula dedica tantos discursos em favor do fortalecimento da ONU, cuja liderança ficou seriamente comprometida depois que os Estados Unidos atropelaram a decisão do Conselho de Segurança e se utilizaram de um duvidoso conceito de “guerra preventiva” para invadir o Iraque.

Portanto, não é que Lula seja um apoiador de Ahmadinejad. Seu governo apenas defende o direito de um país desenvolver, como o Brasil desenvolveu, tecnologia nuclear para fins civis – e só civis. Não é que Lula tenha um pé no anti-semitismo, mas sim que a diplomacia brasileira defende o direito dos palestinos a um estado, assim como defende o direito dos judeus ao território definido pelos acordos de 1967. É um princípio de convivência pacífica

Não há nenhum resquício de mania de grandeza ou complexo de superioridade nessas novas empreitadas diplomáticas. O avanço da influência brasileira sobre os assuntos mais candentes do cenário internacional é apenas a consequência natural de um mundo em transformação. –tadeu breda (cc)

salve glauco

12/03/2010 § 1 comentário

O Glauco morreu essa noite. Morreu não, foi morto. Quatro tiros lhe levaram a vida, e outros três, a de seu filho. Eu fico triste com a notícia, mas não sei muito bem o que sentir. Raiva não tenho. Não é como um assassinato político. Quem puxou o gatilho tantas vezes não tinha como objetivo calar a voz do Glauco. Muito menos extirpar-lhe das mãos o traço diário que fazia rir e pensar. Geraldão não incomodava ninguém a esse ponto, muito menos Faquinha, Dona Marta ou Nojinsk. Ozetês tampouco. Glauco morreu como morrem dezenas de brasileiros todos os dias, simplesmente porque tinha mais do que os que lhe mataram: mais dinheiro, mais conforto, uma casa melhor, carro, qualquer coisa dessas — coisas que em hipótese alguma deveriam justificar disparos, sangue, lágrimas e dor. Claro, pra mim é fácil dizer. Sou tão socialmente incluído que estou desafogando meu pesar solidário nas linhas virtuais de um blogue — mais in, só o twitter. A grande maioria dos brasileiros não pode fazer isso. Aliás, também somos poucos, entre os duzentos milhões de nós, que conhecem o trabalho do Glauco ou simplesmente sabem quem ele é e o que faz. Fico aqui matutando: será que os caras que tentaram assaltar sua casa durante a madrugada sabiam? Será que já tiveram a oportunidade de ler o Netão? E o Casal Neuras? (E os malucos que meteram bala no Bortolotto, sabiam que o escritor tinha um saite chamado Atirem no dramaturgo?) Não sei. Por isso, também não sei o que sentir. Se a arte esbarra na violência, o humor, então… Neste dia cinza de céu azul pouca coisa parece fazer sentido. Talvez a vida, que continua para desfazer tristezas e ensinar lições que ainda não foram escritas. –tadeu breda (cc)